Austeridad fiscal

El pasado año las cuentas fiscales, es decir las del Estado como ente público, arrojaron un déficit, entre lo presupuestado y lo ejecutado o sea entre lo que se propuso gastar e invertir y lo que se gastó e invirtió. Si bien ese déficit ha sido bajo (1.6 del PIB), es una primera señal de alarma en cuanto a la administración de los recursos públicos, es decir de todos los bolivianos, más aún cuando en el mercado mundial, el precio del barril de petróleo ha bajado considerablemente y esa baja influirá en los ingresos que tenemos por la venta de gas a dos países vecinos, así como de los minerales que exportamos, también por la baja de los precios internacionales.

Los principios de la economía (del griego oikos-administración y nomos-casa) son universales a toda actividad que tenga por finalidad producir y comerciar bienes (producción, circulación y consumo), y comienza por la economía personal y familiar, la que se rige precisamente por esos principios; los ingresos y los egresos. Cuando los ingresos son mayores que los egresos, tenemos como resultado el excedente que nos conduce al ahorro, pero cuando los ingresos son insuficientes en relación con los egresos, entonces tenemos un déficit que nos debe obligar a reducir los egresos o, en su caso, cubrirlos con crédito.

En la economía del Estado o pública, cuando se produce un cuadro de déficit, éste tiene que ser cubierto con el aumento de impuestos o recurrir a los créditos externos o internos (de las reservas). Lo más aconsejable es reducir los egresos, en especial aquellos enfocados al gasto, en sectores no importantes (educación y salud) y otros que permitan el desarrollo y crecimiento, pero en general se debe equilibrar el presupuesto a la nueva realidad.

En los nueve años del régimen de gobierno del socialismo comunitario, en los que los ingresos públicos han sido cinco veces mayores a los de los anteriores gobiernos (por los altos precios de materias primas), los gastos crecieron también desmesuradamente y las inversiones fueron enfocadas a actividades industriales de poca sostenibilidad, más aún cuando, según criterios de entendidos, los costos de instalación y funcionamiento (en especial de los bienes de capital) fueron muy elevados. Por otro lado las numerosas “nacionalizaciones” o más bien “estatizaciones”, en especial de actividades que tienen que ver con servicios básicos y otros, nos llevaron a comprometer sumas elevadas por el pago de esos bienes.

En general las políticas del régimen de gobierno estuvieron apuntadas más a los fines populistas electorales que a una política seria de industrialización, y, por el contrario, frenó las exportaciones de productos no tradicionales, ahuyentó las inversiones externas, y fomentó la migración de capitales económicos y humanos.

Los gastos dispendiosos en propaganda, viajes, organización de encuentros internacionales de carácter indigenista y de orientación ideológica socialista comunista, han sido la impronta del régimen, pues las movilizaciones internas y la llegada de gente del exterior han sido costeadas con recursos públicos.

Los resultados de la política económica que a grandes líneas anotamos, han provocado una emigración importante de compatriotas, en especial de profesionales y mano de obra calificada, pues en el país no se ha fomentado las inversiones que a su vez absorban mano de obra y empleo.

La toma de posesión, para un nuevo mandato de cinco años, del Presidente vitalicio (como lo señala Paulovich en su columna), ha tenido un elevado costo por los numerosos actos.

Sería bueno que los gobernantes del Estado plurinacional escuchen el consejo del presidente saliente del Uruguay, el también izquierdista José Mujica, que aconseja prudencia en el gasto y no despilfarro de los recursos públicos.