Saldar cuentas sobre la privatización y capitalización

En la Asamblea Legislativa anterior se aprobó un posible juicio de responsabilidades a 13 ex autoridades, entre ellas a Gonzalo Sánchez de Lozada, por la capitalización de seis empresas estatales, y a Samuel Doria Medina, porque cuando fue Ministro de Planeamiento, en el gobierno de Jaime Paz Zamora, fueron privatizadas 35 empresas estatales.

Estas disposiciones tuvieron su origen en una conferencia internacional sobre economía en 1989. Se las identificó como el “Consenso de Washington”. El proyecto lo planteó John Williamson, experto en la materia, con el título de “What Washington means by Policy Reform”.

Acerca de tal acuerdo, el magister en economía Armando Méndez Morales escribió un estudio en el que anota: “Los enemigos del capitalismo y de la libertad; como diría Karl Popper: de la sociedad abierta, creen que el citado consenso fue una confabulación de los diabólicos neoliberales del mundo contra los países pobres y atrasados, para imponerles descabelladas decisiones que, como mínimo, impidan o vayan en contra de su ansiado desarrollo económico”.

En ese tiempo, América Latina acababa de atravesar una década de insuficiente crecimiento económico, junto a lo que se identificó como la “crisis de la deuda”. La región tuvo la tendencia de caracterizarse por el estatismo económico, lo que condujo a crecientes déficits fiscales, que fueron financiados con endeudamiento externo, aunque ciertamente desmedido.

Méndez señala que los gobiernos latinoamericanos siempre desconfiaron de la economía de libre mercado, aunque sus pueblos se mueven en su interior. Después de la crisis de la deuda, no sabían qué hacer, estaban extraviados.

Ha sido entonces que se convocó a una reunión internacional, en la que se aprobó el “Consenso de Washington”, luego de examinar otras opciones. Al ser suscrito el documento por los países de la región, el compromiso adquirido fue reactivar sostenidamente sus economías, en un contexto de inflación y de endeudamiento público externo controlados.

Con ello, se superaban las políticas intervencionistas propiciadas por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas), las que, en última instancia, causaron la crisis de la deuda, al producir un deficiente crecimiento económico.

La convicción internacional dominante, en aquel tiempo, fue que con el “Consenso de Washington” se superaba una forma inadecuada de hacer política económica, que databa desde antes de los años 60, del Siglo XX.

Diez fueron los preceptos concertados: 1.- Disciplina fiscal para impedir el déficit y prevenir crisis en la balanza de pagos e inflación. 2.- Reorientación del gasto fiscal hacia áreas focalizadas de educación y salud, para combatir la pobreza y apoyar el crecimiento económico. 3.- Reforma tributaria para ampliar la base de contribuyentes con impuestos moderados. 4.- Desregulación financiera y tasas de interés libres según el mercado, sin que implique plena liberalización de la cuenta capital de la balanza de pagos. 5.- Tipo de cambio competitivo que podía ser regido por el mercado (caso del Bolsín en Bolivia, vigente hasta hoy). 6.- Libre comercio entre naciones, con reducción de aranceles y eliminación de trabas a las importaciones, lo que implica competencia. 7.- Apertura a la inversión extranjera directa y honrar la deuda externa. 8.- Privatización de empresas públicas (deficitarias o carentes de crecimiento) para aumentar la competencia económica. 9.- Desregulación de los mercados para incentivar la formación de empresas, cuyo efecto es la competencia. 10.- Asegurar los derechos de propiedad y reducir la informalidad, sobre todo en el mercado laboral, caracterizado por su poca liberalización que deriva en pobreza.

Estos 10 compromisos se tradujeron en Bolivia en la privatización de las empresas estatales y en la Capitalización. El propósito del juicio aprobado por la ex Asamblea Legislativa es saldar cuentas por ambos procesos. Irónicamente, en el caso de la Capitalización de YPFB, el beneficiario ha sido el MAS (Movimiento Al Socialismo), a través de sus nueve años de gobierno.

Según el INE (Instituto Nacional de Estadística), en 1998 las exportaciones de bienes fueron de 1.355 millones de dólares; 2005, 2.791 millones; 2006, 3.874 millones; 2013, 12.163 millones; y 2014, 12.856.1 millones.

La renta petrolera (gas y petróleo) en 2014 ha sido de 6.089 millones de dólares (50,06% de las exportaciones), como efecto del alza excepcional de los precios de las materias primas, a partir de 2006. El incremento porcentual de 1998 a 2005 ha sido de 153% y de 2006 a 2013 de 214%.