¿Referéndum para reformar el Poder Judicial?

El referéndum, una forma legal de expresión del pueblo, es un procedimiento de consulta que se hace al pueblo para que, mediante el sufragio o voto, manifieste su conformidad o no sobre una acción legislativa determinada. Este procedimiento ya se efectuó varias veces en los anteriores años; pero, en todo caso, se lo hizo sobre preguntas concretas que debían merecer un sí o un no por parte del ciudadano que vote.

El referéndum en este caso es una forma de práctica democrática semidirecta, porque es el derecho del pueblo a participar en la aprobación, ratificación o reforma de un hecho esencialmente político de naturaleza constitucional. Es el medio que puede definir que el Gobierno o, mejor, el Poder Legislativo, adopte la decisión de cambiar sistemas y medios de hacer más viables las leyes para que su cumplimiento sea más cabal y más ajustado a la carta constitucional.

Ahora, a raíz de la crisis del Poder Judicial, cuyos miembros han sido elegidos mediante proceso electoral, aunque previamente han sido designados por los poderes Legislativo y Ejecutivo, la marcha incompetente que han impreso fiscales, jueces y personal superior a la administración de justicia, hace ver la urgente necesidad de revisar integralmente los procedimientos del Poder Judicial porque, conforme ha marchado hasta ahora la administración de justicia, da lugar a que en el concepto popular se llegue a la conclusión de que “la justicia boliviana es la peor injusticia”.

Decidir por el referéndum es, quiérase o no reconocer, una medida equivocada porque este sistema señala que el proceso se hace mediante la formulación de preguntas simples, categóricas y terminantes sobre la materia que es motivo de consulta. Para el caso de cambios, modificaciones o reformas que haya que introducir en el Poder Judicial, creer que las simples preguntas, cumplirán los objetivos deseados, es una utopía.

¿Cuáles serían los contenidos de las papeletas del Referéndum? ¿Preguntarían si se quiere la reorganización de dicho poder? ¿Cómo? ¿Partiendo de qué principios y falencias? ¿Qué contenidos tendrían las reformas? Las preguntas, sean del tinte que fueren, no pueden definirse sólo con un sí o un no; requieren, en todo caso, orientación y conocimientos muy precisos sobre lo que se busca, lo que se quiere y, sobre todo, la adecuación debida en virtudes, valores y principios que deben cumplirse en el Poder Judicial para una debida administración de justicia.

El hecho de que ambos poderes del Estado -Legislativo y Ejecutivo- concuerden en que el Poder Judicial no funciona debidamente, es muestra clara y terminante, de que las elecciones del año 2011 fueron malas, contrarias a muchos principios de legalidad y responsabilidad y que dieron como fruto que todo el personal superior, caso de fiscales y jueces, incumplan las leyes en peor forma que como anteriormente se lo había hecho. El reconocer que lo hecho el año 2011 fue equivocado, es un punto a favor del Gobierno y lo que corresponde ahora sería una reforma de la Constitución y, desde ahí, proceder a cambiar fundamentalmente y a fondo todo el Poder Judicial para que la administración de justicia sea transparente.