El inútil afán de matar libertades

A contrapelo de su tradicional estilo socarrón y solapado, el Gobierno puso en evidencia planes de control de las libertades de información, expresión y opinión en el inicio mismo de su tercera gestión. Preocupan sus planes porque afectan a derechos ciudadanos reconocidos en la Constitución aprobada por este mismo gobierno, durante su primera gestión. Además de matar libertades en aras del interés político coyuntural, esos planes podrían inscribirse en los afanes de instaurar el “socialismo democrático comunitario” que, al parecer, sustituyó ya al “socialismo del Siglo XXI” que pregonaba antes el gobierno.

Sin desparpajo, el Presidente les dijo a sus ministros y asambleístas: “no estamos obligados siempre a responder” las preguntas periodísticas. El gobernante sustentó su recomendación en el criterio de que la prensa les “jala la lengua” para que puedan “contradecir al Presidente, al vicepresidente o a los ministros”.

Es conocida (es su derecho, diría él) la animadversión presidencial hacia la prensa y los periodistas independientes. Por encima de eso, su recomendación sintetiza, de manera clara, una insoslayable vocación de totalitarismo. Se trata, según su justificación, de evitar que los administradores de la cosa pública contradigan a sus mandantes, por equivocados que estén, porque el jefe siempre tiene la razón. Los “librepensantes”, ¿recuerdan?, no tienen cabida en el oficialismo.

En tiempos en que hay sin resolver denuncias de enriquecimiento ilícito, negociados, corrupción, extorsión y atropellos a los derechos ciudadanos, es válido también interpretar la recomendación como herramienta de impunidad en la gestión administrativa. Grave, cuando se pregona transparencia y lucha contra la corrupción en el manejo de la cosa pública, que implica el interés de moros y cristianos, de toda la gente por ajena que sea a las consignas del gobierno de turno.

Pero más que eso, la recomendación de marras es un flagrante atropello al derecho ciudadano de acceso a la información, fundamental para el libre ejercicio de sus derechos constitucionales de opinión y expresión. Son derechos que trascienden los marcos institucionales de los medios de comunicación, ya sean públicos o privados, independientes o partidarios. Hay que entenderlo: la prensa escrita, oral o audiovisual sólo es el medio para el ejercicio ciudadano de esos derechos.

Al inicio también de su gestión, pero ya en el clásico estilo cola de chancho de decir sin decir lo que se quiere decir, la Ministra de Comunicación habló de “revisar, debatir, y materializar los principios y fines con los que han nacido los medios de comunicación masivos, fundamentalmente, y la emergencia de las redes sociales”. Sobre éstas últimas dijo “pensaríamos el mecanismo que nos garantice la responsabilidad (y) el respeto a la dignidad de las personas”.

Aclaró después que “en ningún momento” habló de regular las redes sociales. Sólo en afán de precisión periodística, tendría que explicar cuál sería ese “mecanismo” que garantice “responsabilidad (y) el respeto a la dignidad de las personas”. Los mensajes que circulan por las redes sociales son públicos. Expresan el decir y sentir individual (bueno o malo) de la gente. Es decir, las redes sociales sólo son un medio para que las personas informen y se informen y ejerciten sus libertades de expresión y de opinión sobre lo que consideran de su interés y del ajeno.

Esas redes, per se, no son pues buenas ni malas, aunque exista alguna gente que hace mal uso de ellas. Por eso hay también medios legales para protestar y castigar el atropello a la dignidad ajena. En todo caso, la única manera de preservar el uso correcto de ese medio de comunicación es mejorar los niveles de educación de los usuarios. Como éstos son todo un universo, hay que educar desde la cuna. En previsión de afinidades ideológicas, hay que recordar también que aunque algunas sociedades fundamentalistas recurren aún al castigo corporal para obligar, las democráticas han descartado la palmeta para educar.

Entre el dije y no dije de la ministra es posible entender también que su declaración implique reflotar la idea de cambiar la ley de imprenta que, en sus tiempos de diputada, calificó “arcaica” y postuló adecuarla a “las nuevas tecnologías de comunicación” sobre las que “hay que tener mayor claridad también en su normatividad”.

Los principios y valores que sustentan esa ley de 1925 son perennes y están reconocidos en la Constitución: “La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su Ley”.

Cambiar esa Ley implicaría cambiar la Constitución. Y ya que están, podrían hacer también otros cambios, tal vez para llegar al “socialismo democrático comunitario” del que habló el vicepresidente, en el cual la única propiedad válida será la comunitaria. Pero ese es ya otro discurso…