Abogado de Camacho descalifica a Ministerio Público

Ramiro Vera, abogado de Selva Camacho, descalificó el trabajo que realiza la comisión de fiscales del Ministerio Público que tiene a su cargo la investigación de los presuntos hechos de corrupción en la Unidad de Comunicación Social de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) al indicar que los fiscales se atribuyen un trabajo que nunca lo realizaron cuando develan supuestos vínculos de una de las empresas involucradas con la Unidad de Comunicación del Ministerio de Informaciones.

“Lo que me llama la atención es que cuando ellos (Ministerio Público) están perdiendo el norte en su investigación sacan elementos a los medios como si fuera nuevo cuando ese elemento es de hace bastante tiempo y ha sido presentado por la defensa”, dijo.

Luego acreditó la suficiente capacidad como para poder haber sido contratados como empresa, Servicios Integrales y Comunicación Bravo, para otorgar los servicios necesarios y aclaró que el Ministerio de Comunicaciones no tiene nada que ver con YPFB y mucho menos con Selva Camacho.

El fiscal Leopoldo Ramos informó que existen “por lo menos dos contratos” en que el Ministerio de Comunicación, mediante la Dirección de Estrategias Comunicacionales, realizó compras a la empresa Servicios Integrales y Comunicación Bravo, la cual está acusada de pertenecer a la red de corrupción de YPFB.

El representante del Ministerio Público precisó que la firma de la directora de Estrategias Comunicacionales, Silvia Salinas, está en dos documentos sobre la adquisición de memorias flash y poleras para la Reunión Conmemorativa del 50º Aniversario del G77+China, realizada en Santa Cruz en 2014, cuando Amanda Dávila era ministra. Según el reporte de Erbol la funcionaria se excusó alegando que estaba en reunión y no sabía cuándo estaría disponible, asimismo, su teléfono celular estuvo apagado en horas de la tarde y en la noche del miércoles no contestó.

En cuanto al caso de las memorias flash, Ramos explicó que, haciendo una comparación, el Ministerio compró estos dispositivos a un monto mayor al que se pueden adquirir en una tienda, donde están disponibles hasta en 60 bolivianos. Sugirió que esa diferencia se puede explicar por “la calidad del flash, la forma el diseño, todo eso entra en la especificación que ellos (los contratantes) han realizado”.

Sobre las poleras, la autoridad mostró un documento en el que Salinas encomienda a la empresa Bravo garantizar la provisión de 550 prendas con el logotipo del G77.

Luis Bell logró el contrato por la eficiencia, los precios, los tiempos de la entrega del producto, pero además que ni siquiera se pudieron presentar los contratos con el Ministerio de Comunicaciones porque “el fiscal (Leopoldo Ramos) los secuestró allanaron ilegalmente el domicilio de Selva Camacho, de Yalile Bravo y capturaron al señor Luis Bell. Dentro estos allanamientos que el fiscal negó haberlos realizado, decomisó todos los documentos, entre estos secuestro esta documentación y la hicieron desaparecer”, dijo Vega.

En este caso por disposición de la juez primero de Instrucción Anticorrupción y Violencia Familiar, Cinthia Delgadillo, se encuentran con detención preventiva Selva Camacho, Alejandro Bell Camacho, Yalile Bravo, Ericka Rojas, Guido Alarcón Terrazas y Ever Terán.

NIEGAN CONTRATOS

Al respecto la viceministra de Políticas Comunicacionales, Claudia Espinoza del Ministerio de Comunicación negó ayer haber contratado a la empresa Bravo de merchandising, en ocasión de la Cumbre del G77 más China, celebrada en junio último en la ciudad de Santa Cruz y, como prueba, dijo haber surtido de documentación de respaldo al Ministerio Público boliviano.