El Decreto de 9 de febrero de 1825

¿El Decreto de 9 de febrero de 1825 ha dado origen a Bolivia como país independiente? Eso se nos ha dicho muchas veces, pero, ¿cómo se conforman las naciones? ¿Son el resultado de la pura voluntad humana, o además de ella, late en el interior de los hombres una fuerza inconsciente que los impulsa a enseñorearse espiritualmente de un territorio, delimitándolo desde un punto geográfico hasta otro? ¿La cultura es únicamente una manera de vivir sin tener en cuenta el medio en el que se desarrolla el ser humano, o es, más bien, la unión de medio ambiente, necesidades materiales y espirituales de las personas que, reunidas para lograr su desarrollo personal, y planificar el desarrollo de sus descendientes, le da origen?

Son preguntas planteadas una y mil veces para responder sobre el origen de los países. Las mismas que fueron tácitamente puestas en el tapete durante la Guerra de la Independencia, pues ya, desde 1809, o incluso antes, primero soñaron, luego lucharon en los campos de batalla para lograr la independencia y soberanía de este territorio al cual hoy llamamos Bolivia.

¿Cuál era la situación del Alto Perú en ese entonces? ¿Con qué mentalidad dictó Antonio José de Sucre ese Decreto? Temas discutidos en nuestra historia que, en parte, pueden ser aclarados por el mismo Mariscal de Ayacucho en su mensaje de 1 de julio de 1825, al inaugurar las reuniones de la Asamblea Deliberativa. Discurso no sólo hecho para los diputados, sino, me parece, como justificación de los actos realizados por él para convocar a esa asamblea.

Ya de entrada Sucre les dice a los diputados: “(…) Los destinos de las Provincias del Alto Perú (…) fueron forjados sobre el campo de batalla”. Como se ve, parece no desconocer la larga lucha de los altoperuanos para ser libres y soberanos con su esfuerzo, su decisión y su sangre. Pero el ejército del Gral. Olañeta impedía que esa gente tuviera el derecho a discutir sus anhelos en una asamblea. Sucre dice que dicho militar se había comprometido a respetar y acatar la capitulación de Ayacucho, con sus consecuencias políticas; pero: “El General Olañeta, faltando a su palabra y a la buena fe con que la considerábamos (…) levantó (…) nuevos estandartes de guerra, forzando a nuestro ejército a una nueva campaña. El Libertador, persuadido de la sinceridad de Olañeta, me redujo sus instrucciones sobre el Alto Perú a exigir a este General su declaración franca y formal por la Independencia, dejando a los pueblos la libertad de pronunciarse respecto de su gobierno, como más conviniera a sus intereses, y obedeciendo a la voluntad de ellos, expresada legítima y legalmente”.

Otro obstáculo para esa Asamblea era que: “El gobierno del Perú no se había encargado hasta entonces de la dirección de los negocios de estos Departamentos (los de Charcas). Carecía de noticias de la reunión del Congreso de Buenos Aires”; pero Sucre sabía que ese país estaba sumido en la anarquía. Por eso: “juzgué que cinco provincias con más de un millón de habitantes, componiendo la mayor parte de la población de aquel Virreynato, eran bien dignas de formar una Asamblea propia que proveyera a su conservación”.

Como Olañeta fue batido y muerto en el Alto Perú por fuerzas altoperuanas, la Convocatoria de 9 de febrero pudo ser dictada y entrar en vigor. La Asamblea General debía reunirse en abril de 1825, en Oruro, según el artículo 9 de la convocatoria, pero no pudo realizarse: “(…) porque la invasión de los enemigos a Chuquisaca en el mes de marzo, la ocupación de Potosí, y la invasión a Santa Cruz embarazaron las elecciones. El retardo que necesariamente debía causarse en la elección de este cuerpo no fue inoportuno, porque sabiendo al entrar en Potosí que se había instalado en un Congreso en Buenos Aires, y que el Libertador venía a estas provincias, pude invitar a aquél a entrar en relaciones con el Supremo Jefe del Perú y los representantes del Alto Perú, para que la deliberación sobre estos países recibiera aquellas formalidades que requieren tan importantes actos”.

Esos son algunos aspectos tanto del Decreto de 9 de febrero, como de la convulsionada situación en la que nació Bolivia a la vida independiente el 6 de agosto de 1825.