Agrado y desengaño en casos judiciales

La población boliviana -que se siente indignada y humillada por la corrupción en la administración de justicia, indignación que ha tenido eco en los medios oficiales del país que han señalado que ese mecanismo destinado a aplicar la ley está “podrido” y en “estado de coma” y hasta sería “una cueva de ladrones” que requiere con carácter de urgencia tratamiento de alta cirugía, llamado ”revolución judicial”- ha visto con agrado que se empezó a aplicar medidas sanitarias para poner fin a esos amargos problemas.

En primer lugar, una funcionaria de la Fiscalía General de la República fue conminada a pagar los alquileres de un departamento que ocupa y que no cancela desde hace cerca de diez años (caso demasiado frecuente en el país), incumplimiento que obligó a la propietaria del inmueble a las reclamaciones del caso, solicitud que fue atendida (no sin reticencias) por funcionarios con un mínimo de honestidad, quienes dictaminaron que el acto de corrupción sea reparado como corresponde.

En segundo lugar, la ciudadanía vio con no menor gusto el hecho de que un fiscal fue destituido de su cargo en forma ignominiosa al haber sido denunciado por acoso sexual, falsificación de documentos, arbitrariedades, participación en actos delictivos y actos ilícitos denunciados por numerosas personas que comprobaron en los hechos que fueron víctimas de esas acciones contrarias a toda moral y frecuentes en los estados judiciales y las fiscalías.

Esas dos acciones correctivas contra la descomposición en el aparato judicial recibieron el más amplio respaldo de la opinión pública (como no pudo ser de otra manera), que vio en esas medidas correctivas una forma efectiva de hacer algo contra la corrupción que reina impunemente en todo el aparato judicial del país. Es más, se creía que sería un indicio de que ese proceso de limpiar los estrados judiciales de elementos peligrosos avanzaría algunos pasos y llegaría hasta sus últimas consecuencias.

Sin embargo, semejante satisfacción pública quedó disminuida y hasta anulada, pues otras autoridades no sólo intentaron reducir las sanciones a los inculpados en los delitos, sino que se intentó suspender los castigos, vale decir no sólo mantener la corrupción sino extenderla, contrariando en esa forma las normas morales más generales y cerrando los ojos ante la protesta de la opinión pública y su demanda de acabar con el estado canceroso en que se encuentra la administración de justicia bajo el régimen del llamado socialismo-comunitario.