Defensoría atendió 573 casos en enero

La entidad registró un incremento de 219 casos con relación al primer mes de la gestión pasada.


Las denuncias pueden ser recabadas también en ferias ambulantes de la institución.

El representante del Defensor del Pueblo en El Alto, José Luis Hidalgo, informó que esta instancia atendió 573 casos durante el primer mes de este año.

Por otra parte, recordó que en la gestión 2014 se atendió un total de 5.294 casos, de los cuales el 75% fueron admitidos y gestionados.

Para la autoridad, el informe identifica que dicha institución se mantiene en el nivel no sólo de credibilidad, sino que logra ser la única instancia que canaliza la demanda de la población, ya que en el primer mes de 2014 las denuncias llegaron a 354 y en este año se logra un incremento de 219 nuevos casos.

El incremento de casos podría tener dos explicaciones, según la autoridad, “una tiene que ver con que la población se encuentra informada y exige que sus derechos sean respetados”; la otra es “que aún las instituciones públicas son renuentes a brindar un servicio eficiente con calidad y calidez respetando los derechos de las personas que acuden a esas instancias”.

Según el reporte del sistema informático de la Defensoría del Pueblo de El Alto, los principales agentes denunciados por la vulneración de derechos son: el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, el Ministerio Público, la Dirección Departamental de Educación, Órgano Judicial, Policía Boliviana, entre otras instituciones.

Los derechos más denunciados, según los casos presentados, son: garantías del debido proceso y acceso de la justicia; derechos laborales; derechos de la niñez y adolescencia; derecho a la propiedad; protección de la familia y de sus miembros; y derecho a la integridad personal. En general, la atención de casos es integral involucrando a las instituciones competentes para acompañar y patrocinar procesos a favor de las víctimas.

Las causales para la conclusión de los casos son: subsanado y atención adecuada 70%; No comprobado 20%; por otras vías 7%; abandono de la queja y otras causales 3%.

Otro de los servicios que también se ofrece en la Defensoría del Pueblo de El Alto es el que brinda el Consultorio Jurídico Popular de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), proyecto implementado desde la gestión 2009.

Cabe recordar que la Representación Especial de la Defensoría del Pueblo de El Alto recibe a diario solicitudes de asignación de abogado para realizar determinados trámites judiciales que, por su situación social, se ven impedidos de contratar los servicios profesionales de un abogado, ante esa realidad y con la finalidad de brindar respuesta a aquellos casos que ameritan tramitación judicial vía procesos familiares, civiles o sociales, la Representación ha propiciado la suscripción de un convenio con la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, con el objeto de beneficiar a la población de esta ciudad y del área rural, que acude a la oficina defensorial.

En la gestión 2014 el convenio fue renovado por tres años más. Durante la gestión pasada, el área de quejas de la Representación remitió, al Consultorio Jurídico de la UMSA, 350 casos sobre diferentes solicitudes, órdenes judiciales para obtener tarjetas de identificación personal e informes de derechos reales, declaratorias de herederos, demandas de asistencia familiar, procesos de tutela de niñas, niños y adolescentes, pagos de beneficios sociales y otros. Cabe recordar que la atención por este servicio es totalmente gratuita. La Defensoría del Pueblo se constituye en una escuela para los futuros profesionales que prestan el servicio en este consultorio, de acuerdo a los principios y valores institucionales, explicó la autoridad defensorial.

Por último, se destaca los casos atendidos de oficio, esta es una modalidad que fue implementada la pasada gestión a instrucción de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Defensoría del Pueblo. Los casos de oficio son registrados luego de monitorear medios de comunicación, con lo que se registraron casos de violencia contra la mujer, violencia contra la niñez y adolescencia, adulto mayor, personas con discapacidad y otros relacionados a conflictos sociales en los que se vulneran derechos de las poblaciones vulnerables.

 
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