Distribución bajará presión social al Gobierno central

La redistribución de los recursos no implica una pérdida significativa para el Gobierno, más bien le reduce la presión social, ya que las gobernaciones y municipios asumirán una serie de tareas a favor de la población, y además sólo piden el 50 por ciento de los impuestos nacionales.

El criterio corresponde a Darío Monasterio, economista y experto en el tema del pacto fiscal. Explica que actualmente se distribuye 25 por ciento a municipios y universidades, 20 y 5 por ciento, respectivamente, y lo que solicitan es otro 25 por ciento, que en términos monetarios no es significativo para el Estado, señala.

Alrededor de 32 mil millones de dólares es el presupuesto del Gobierno y la propuesta de Santa Cruz y Beni sólo alcanza a 1.500 millones de dólares, alrededor de 4,5 por ciento, que en términos generales -en su criterio- no es significativo.

AGENDA 2025

Respecto a la agenda 2025, Monasterio señala que el Gobierno no pierde más bien gana aliados, ya que puede coordinar obras con municipios y gobernaciones, ya que ambos contarán con recursos.

El experto fue enfático en señalar que la propuesta de las gobernaciones no toca las regalías, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos, y tampoco afecta a los recursos de otras regiones, como el Gran Chaco.

El presidente Evo Morales, en la reunión del Consejo Nacional de Autonomías, dijo que es un error solicitar el 50 por ciento, ya que afectaría al Gobierno y se reduciría recursos para otras regiones.

En criterio de Monasterio la apreciación es equivocada, ya que la pérdida no es significativa para el Estado ni tampoco se reduciría recursos para otras regiones.

Asimismo, el entrevistado recomienda, que si bien el diálogo implica política, las propuestas no deben apartarse de la discusión técnica; todos los participantes deben manejar criterios técnicos.

AGENDA PÚBLICA

La primera sesión del Consejo Nacional del Pacto Fiscal es el inicio de la discusión sobre el tema, es decir ya está puesto en el tapete, después de cinco años, dice el experto.

Aunque los estatutos autonómicos así como las cartas orgánicas no hayan sido aprobados en algunas gobernaciones y municipios, la discusión marcha en el marco de la Ley de Autonomías y Descentralización. Además estas disposiciones locales se irán adecuando la norma general, anticipa Monasterio.