Acerca del pacto fiscal

Al tratar este tema la premisa ineludible es que sin este pacto no hay autonomías posibles, aunque figuren en la Constitución. Los gobiernos autónomos no son tales sin los recursos necesarios. Este pacto desde su puesta en el tapete ha venido sufriendo muchas postergaciones, señaladas en principio por la falta de Estatutos Autonómicos y de Cartas Orgánicas. Según el Ministerio de Autonomías 120 municipios cuentan con su Carta Orgánica, también 11 autonomías indígenas, de las que 3 esperan fechas de referéndum, 8 departamentos estarían esperando el control de constitucionalidad, mientras sólo Pando tiene aprobado su Estatuto con referéndum incluido. Aun así, es grande el trecho que falta para que una cosa tenga que ver con la otra.

Entre esta gama de obstáculos que ha venido poniendo el Gobierno para definir la distribución de la renta nacional (excluido el IDH), ha sido que antes debía conocerse el resultado del Censo, tal como dispone la CPE. Mediando una serie de dificultades sobre cuál es la población del país y su distribución por departamentos y, en presencia de reclamaciones de algunos departamentos (Santa Cruz como el que más), así como de opositores y analistas, por fin el Órgano Ejecutivo convocó al Consejo Nacional de Autonomías. Este Consejo, sin embargo, sólo llegará a un consenso -si lo logra- y la definición pasará a la Asamblea Legislativa.

Inclusive voceros masistas han propuesto que cada departamento busque sus propios ingresos en una especie de sugerencia de que lo hagan utilizando la facultad conferida a los departamentos y municipios para dictar sus propias leyes. ¿Se estaría proponiendo implícitamente que sean creados nuevos impuestos? ¿Se podrá recargar más a la minoría que es la que tributa, mientras el resto no contribuye al sostenimiento del Estado?

La Gobernación de Santa Cruz plantea que la renta nacional al presente centralizada en el Gobierno Nacional en grado superior al 80%, se distribuya equitativamente en un 50% entre el Gobierno y los departamentos (éstos globalmente considerados o sea municipios, universidades, comunidades indígenas, etc.). Por supuesto que el detalle puede y debe ser debidamente afinado.

Las reticencias y largas que han venido dando las autoridades nacionales y sus bancadas en la Asamblea Legislativa, no ocultan la intención de reservar la mayor tajada al centralismo como viene ocurriendo y restringir lo más posible la revisión de los ingresos financieros nacionales. En ese plan no se puede descartar el desbaratamiento de la oportunidad y que la mayoría con la que cuenta el Gobierno en el Consejo Nacional de Autonomías encuentre algún modo de postergar una vez más un acuerdo justo y constructivo. Para algunos departamentos como La Paz, los mecanismos de repartición de recursos seguirán siendo injustos y discriminatorios mientras no se encare una nueva asignación racional del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, que no puede ser otra que por población. Tienen la palabra los legisladores del departamento.