Bogotá.- La Defensoría del Pueblo de Colombia denunció ayer que las FARC presionan e intimidan a pobladores de once de los 32 departamentos del país pese a la ratificación del alto el fuego unilateral e indefinido decretado el 20 de diciembre.
Las denuncias fueron recogidas por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría y tienen que ver con situaciones de control a la población “mediante actividades de constreñimiento, presión e intimidación”, según un comunicado de la institución, informó Efe.
Putumayo, Córdoba, Cauca, Caquetá, Huila, Nariño, Meta, Guaviare, Arauca, Antioquia y Chocó son los departamentos en los que, según la Defensoría, las FARC hacen amenazas contra la población y la extorsionan.
Los hechos más recientes se registraron en el municipio de San Miguel, departamento del Putumayo, frontera con Ecuador, en donde 624 familias “pueden estar en riesgo” por la posible presencia de explosivos, según la Defensoría.
La información sobre la presunta instalación de estos artefactos comenzó a circular el pasado 6 de diciembre, a través de un panfleto atribuido a las FARC, en el que se advertía a la población sobre el “riesgo de transitar por atajos, montañas, caminos alternos e incluso las orillas de los ríos, así como la suspensión de actividades como la caza y la pesca”.
Aunque la autenticidad del documento no está probada, la Personería Municipal recopiló testimonios que confirmaron la alerta y que aseguraron que la guerrilla hizo la advertencia en respuesta a los permanentes patrullajes del Ejército en la zona.
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