Método práctico de saneamiento de la justicia

Nadie duda que el actual estado de la Justicia en Bolivia es una calamidad social, al extremo que el propio Gobierno reconoció su fracaso por la elección de la cúpula del Órgano Judicial, pretendiendo solucionar el problema. La desorientación y la duda prevalecientes no parecen conducir a buen puerto. La respuesta del Primer Mandatario al clamor colectivo de angustia y de impotencia por la retardación, la incuria, la corrupción y por determinadas disposiciones legales que parapetan la permisibilidad de jueces y tribunales, fue el anuncio de un referéndum.

Nunca quedó clara la consulta popular frente a una problemática difícil y muy particular que el conglomerado electoral no está en condiciones de ponerle remedio. Creyendo atenuar la perplejidad pública, el Gobierno aseguró que el referéndum no buscaba destituir magistrados.

La sustituida Ministra de Justicia reafirmó, sin embargo, la realización de la medida “pese a quien pese”, mientras el segundo mandatario del país se refería a un retorno a la meritocracia. Confusión total o, simplemente, palos de ciego.

El Presidente en su informe de gestión, refiriéndose a una “revolución judicial” notificó efectuar una “cumbre” de los movimientos sociales para reestructurar la Justicia. Este anuncio que parecía el final de tantas idas y venidas, pretendía dar la impresión de que la toma de decisiones importantes depende del pronunciamiento popular, empero lo previsible es que luego de la cháchara discursiva habitual, el nuevo plantel de altos personeros judiciales en realidad emerja del Órgano Ejecutivo, reproduciendo su irrenunciable dominio sobre la magistratura. Es posible también que siguiendo las apariencias, el indicado procedimiento fuese sometido a una especie de conformidad refrendaria. Si es así continuará la quimera de una Justicia proba e idónea, además de consecuente con la Constitución y las leyes como debe ser.

El meollo esencial de la crisis es la politización del aparato judicial. Anteriormente cobró estado el “cuoteo” o repartija de ese Órgano o Poder por los partidos políticos en el Congreso. La Justicia no ha logrado superar esa suerte de parcelación porque sencillamente los movimientos sociales tienen cupos en todo el aparato estatal, sin exceptuar al Órgano Judicial. En consecuencia, sólo la despolitización puede otorgar las garantías que exige el amparo y protección de los bienes jurídicos proclamados por la legislación.

Este cuadro enfocado a grandes rasgos, nos invita a replantear una propuesta propia formulada y difundida hace ya tiempo, sobre la base de una reforma constitucional -fácil y plenamente practicable- en sentido de delegar el nombramiento de las principales autoridades judiciales a un Consejo de la Magistratura apolítico y altamente confiable, a conformarse por algunos ex supremos más antiguos, representantes de los Colegios de Abogados debidamente seleccionados y, de igual modo, las Universidades Públicas y Privadas designarían sus representantes coordinadamente.

A este conjunto se podría agregar la participación de la Asociación de Periodistas y de la COB, observando siempre una composición impar. Un Consejo de la Magistratura libre de ataduras con las mayorías legislativas o de una elección popular manipulada a la postre, tendría la facultad de designar al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Constitucional Plurinacional, al Tribual Agroambiental y según su mejor criterio a los niveles jurisdiccionales departamentales. Un sistema parecido se ocuparía del Ministerio Público atendiendo a sus propias características. Sobre las bases sugeridas se deberá implementar otras medidas complementarias y necesarias.

La crisis ha ocasionado la proposición de una serie de modalidades de reforma del Órgano Judicial, algunas muy ampulosas y complejas en su conformación y funcionamiento, otras demasiado ambiguas. Sin vituperio ni alabanza creemos haber aportado con un mecanismo práctico, sencillo y garantizado per se. Los detalles del proyecto están a disposición.

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