Según economistas independientes:
Una vez constituido el Consejo Nacional Autonómico, las declaraciones del presidente Evo Morales y del vicepresidente, Álvaro García Linera, generan rechazo y opiniones contrapuestas. Rolando Morales, experto en temas económicos, opina que la discusión no debería sólo abarcar a los ingresos por tributación, sino también debería ingresar los recursos del Impuesto Director a Hidrocarburos (IDH).
El miércoles pasado comenzó la reunión inaugural del Consejo Nacional Autonómico, donde se planteó algunos temas referidos a la redistribución de los recursos; el Gobierno parece que no quiere acceder al pedido según las declaraciones del presidente Morales y Vicepresidente, que la disminución de recursos afectará a la ejecución de obras y a la Agenda 2025.
Como se recordará Beni y Santa Cruz plantearon 50 y 50 la nueva distribución de los impuestos nacionales, pero sin tocar los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
PERTINENCIA
En criterio, de Morales no sería correcto sólo hablar del ingreso de los impuestos, sino que habría que replantear el tema, ya que los departamentos por concepto de hidrocarburos reciben importantes recursos, por ejemplo Tarija recibe alrededor de $us 300 millones, mientras La Paz apenas llega a $us 15 millones.
“El origen y destino de los recursos será la gran pelea”, dijo Morales en Radio Fides y ahí explicó que Beni y Santa Cruz sólo quieren hablar de recursos nacionales pero no del IDH; “sólo quieren que salga (la plata) de los otros impuestos”.
COORDINACIÓN
Mientras otros economistas apoyan el planteamiento de Santa Cruz y Beni, de solamente redistribuir los impuestos nacionales, sin tocar los ingresos por hidrocarburos.
La distribución de los recursos es complejo, ya que implica disminuir ingresos a una región o al estado a favor de otras gobernaciones, debido a que no poseen la capacidad económica para generar sus propios recursos.
“Solo el tema de los ingresos (causa) temor de todo el mundo”, apuntó a tiempo de indicar que no sólo el tema económico es importante, sino también el de coordinación, que es más complejo, cuya actividad no existe en los tres niveles de Gobierno, sostiene Morales, quien detenta la especialidad de econometrista.
Los municipios y gobernaciones no tienen instancia de coordinación ni entre ellos ni con el Gobierno; antes el Ministerio de Planificación y Coordinación coordinaba todas las inversiones en las regiones, y para ello se tenía a las corporaciones de desarrollo, como órgano económico local, explicó.
Y es claro en señalar que la autoridad económica debe ser independiente de la política y por es por este motivo -según Morales- discutir en primera instancia la reorganización institucional.
PACTO RENTISTA
Por otra parte, Roberto Laserna, economista y director de Ceres (Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social), en un artículo de enero pasado, decía que lo único que se debatiría es, en realidad, cómo actualizar un pacto rentista entre burocracias que excluyen a los actores sociales y económicos.
Y la opinión no está tan lejos de la realidad ante las constantes declaraciones de las principales autoridades del país, que sostienen que la disminución de recursos afectarán a la agenda social y a las obras que se tienen programas para el quinquenio.
“Un pacto fiscal tiene por objeto definir la magnitud y los procedimientos de recaudación de impuestos, y el destino que se les ha de dar. Es decir, es un acuerdo sobre el rol del Estado, su papel en el proceso de desarrollo, los objetivos y las metas que debe cumplir, y la manera por las cuales se van a financiar sus actividades. En consecuencia, debe ser un acuerdo socio político, cuyos protagonistas fundamentales deben ser los actores políticos y sociales”, apuntaba entonces.
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