Una evaluación informal acerca de la situación y evolución de la administración de justicia en Bolivia ha revelado aspectos de interés para una futura investigación sobre la materia, así como para estudiar y proponer soluciones a la crisis del Órgano Judicial muy venido a menos en recientes años, pese a los intentos para atender graves denuncias de que es objeto.
En el aspecto más general, el principal resultado de la evaluación sobre el estado de la justicia señala que atraviesa un sombrío momento, pese a que el régimen de gobierno actual hizo notables ofrecimientos para acabar con la corrupción. En efecto, pese a que fueron dictadas numerosas leyes para encarrilar la justicia por buen camino, las medidas terminaron en cero. Entre esas normas en aplicación se señala el aumento de fuerzas policiales en las ciudades centrales del país, mejora de los medios técnicos, mayor presupuesto para la institución, enérgicas disposiciones del Gobierno y en especial del Ministerio, etc.
No sólo fueron adoptadas esas medidas policiales con gran despliegue de propaganda, sino también fueron dictadas numerosas leyes, ampliando la lucha contra diversos delitos y estableciendo no sólo mayor cantidad de sanciones, sino también castigos más duros siempre con la idea de que era necesario poner fin a la inseguridad ciudadana. Para alcanzar esos objetivos también fueron cambiados los altos mandos policiales y se realizaron sonadas “cumbres” a nivel nacional que siempre terminaban con la promesa de que el país retornaría a la tranquilidad.
Entre otras medidas para poner fin a la corrupción se procedió a reajustar el sistema judicial y como medida crucial el Gobierno llamó a elecciones para que en esa forma sean elegidos los altos magistrados, medida que fue considerada como la fórmula que pondría fin a los problemas judiciales. Pero tal procedimiento fue un fracaso, al extremo de que el Gobierno reconoció su error y ahora se propone una “revolución judicial”.
Los variados y numerosos esfuerzos por mejorar el sistema judicial del país fueron inútiles, pues la delincuencia llegó a límites insuperables en todo sentido y pese a los gastos de millones de dólares, las cárceles ya no abastecen para más cantidad de presos y tampoco constituyen una esperanza las ofertas de construir nuevas prisiones. En síntesis, los encarcelamientos aumentan y también ocurre lo mismo con los homicidios, asesinatos, robos y agresiones, mientras el sistema judicial sigue la misma suerte.
Finalmente, la mayoría de los encuestados opina que el problema del crecimiento del crimen no ha terminado, sino que más bien estaría entrando en una etapa de agravamiento, por lo que se requiere estudiar el asunto desde nuevos puntos de vista.
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