Auditan centros administrados por el Sedeges

La directora del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de La Paz, Marisabel Zubieta, informó el viernes que desde el 26 de enero se determinó intervenir diez centros de acogida y tres institutos especializados de rehabilitación.

Al término de los 45 días hábiles, en los que se debe realizar dicha intervención, la evaluación de todo el personal pasará a manos del gobernador César Cocarico, para iniciar una restructuración y finalizar un proceso con el objetivo de dejar establecidas las bases de cómo debe aplicarse la institucionalización del Sedeges.

Zubieta precisó que se intervinieron los centros de acogida: José María Soria, Félix Méndez Arcos, Rosaura Campos, María Ester Quevedo, el centro para víctimas de refugio Dignidad, Granja Kallutaca, Granja Yanacachi, hogar Transitorio los Andes. Los centros de Reintegración social para varones y mujeres; además de los instituto de Adaptación Infantil (IDAI), el Instituto de Rehabilitación Infantil (IRI) y el instituto Erick Boulter.

Señaló que en todos esos centros se realizarán auditorias en las áreas administrativas, legales y de salud, para lo cual se instruyó la conformación de un equipo multidisciplinario.

ALEXANDER

El 13 de noviembre de 2014 se conoció la muerte del bebé de ocho meses, Óscar Alexander, luego de ser desprendido de la tutela de sus padres, que presentaban problemas de alcoholismo en situación de calle, solo tres meses antes.

Alexander falleció al promediar las 18.00 horas de ese día, en el hospital Juan XXIII, donde la perito forense (con apenas un año de experiencia), determinó que su muerte se debió a hemorragia interna, ocasionada por un desgarre anal de tres centímetros, determinando la existencia de “coito”, diagnóstico que ha sido puesto en duda, mientras la joven forense, Ángela Mora, a los pocos día, renunció a su puesto, “por motivos, estrictamente personales”, afirmó el comunicado firmado por el fiscal general, Ramiro Guerrero.

Desde el 14 de noviembre, en medio de declaraciones contradictorias emitidas desde la Gobernación de La Paz, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, el Ministerio Público y los personeros de los dos centros hospitalarios donde fue llevado Alexander (y se siguen procesos penales por supuesta negligencia en la atención médica), el remezón institucional que ocasionó la posible vejación del bebé derivó en la ejecución de varias medidas y la destitución de funcionarios públicos, entre ellos, el del ahora exfiscal de Distrito, Ángel Ponce.

Por su lado, la Asamblea Plurinacional del Estado determinó exigir a las nueve gobernaciones, informes sobre el estado de todos los centros de acogida a su cargo, hasta enero, solo habían cumplido cuatro, entre ellas la de La Paz.

Las críticas arreciaron en contra del gobernador Cocarico, debido a que luego de la muerte de Alexander se conocieron al menos cuatro casos, en los que se evidencia un cuadro de maltrato a los menores. Uno de los casos, el de la niña de cuatro años, Milagros, que según el informe del Hospital del Niño, presenta al menos 12 fracturas óseas, de data antigua y los casos de otros dos menores que luego de ser adoptados, los padres verificaron cicatrices. Todos ellos procedían del Hogar Virgen de Fátima.