Negocios inmobiliarios

Denuncian ante justicia chilena a hijo de Bachelet



Sebastián Dávalos podría ser acusado por supuestos delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada.

Santiago de Chile,.- La derecha chilena denunció ayer ante los tribunales de Justicia y el Ministerio Público al hijo de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, por los supuestos delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada tras un polémico negocio inmobiliario realizado por su esposa, Natalia Compagnon.

Representantes del ultraconservador partido Unión Demócrata Independiente (UDI) concurrieron ayer al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, mientras que dirigentes del partido opositor Renovación Nacional (RN) pidieron a la Fiscalía Nacional que se investigue este caso, informó Efe.

La esposa de Dávalos, Natalia Compagnon, que es socia del 50% de la empresa Caval Limitada, obtuvo un préstamo el 16 de diciembre de 2013 -un día después del triunfo de Bachelet en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales- otorgado por el Banco de Chile por unos 10,4 millones de dólares para la adquisición de unos terrenos en el municipio de Machalí, cercano a Santiago.

La operación se fraguó durante una reunión celebrada en la sede del banco en noviembre de ese año en la que participaron Andrónico Luksic, dueño y vicepresidente de la entidad financiera, y el propio Sebastián Dávalos, por entonces gerente de operaciones de Caval.

La oposición considera que en este caso ha habido tráfico de influencias y uso de información privilegiada, dadas las millonarias ganancias obtenidas por una empresa que tenía un capital de apenas seis millones de pesos (menos de 10.000 dólares).

El objetivo de los recursos era adquirir unos terrenos rurales, que estaban pendientes de ser recalificados para uso urbano, y que después fueron vendidos por un precio superior al de su compra en 3.000 millones de pesos (unos 4,8 millones de dólares).

“Nosotros creemos que perfectamente puede existir acá negociación incompatible, o violación de secreto, que son similares al tráfico de influencias y el uso de información privilegiada”, dijo a los periodistas el diputado de RN, José Manuel Edwards.

En la denuncia, que presentó Edwards junto a su compañero de partido Nicolás Monckeberg, se busca determinar la responsabilidad de todos los funcionarios públicos, incluyendo a Dávalos, que pudieran haber estado involucrados en este caso.

“Le hemos pedido a la Fiscal Nacional, Solange Huerta, que cuanto antes inicie una investigación que establezca si hay delitos o no”, indicó Monckeberg.

 
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