Pérdidas cuantiosas del Fondo Indígena

Las recientes denuncias de la Contraloría General sobre proyectos inconclusos o no iniciados a cargo del Fondo de Desarrollo Indígena y de Comunidades Campesinas no son nuevas, pues desde noviembre y diciembre de 2013 un matutino local denunció la existencia de “irregularidades y proyectos fantasmas” en dicho Fondo (Fdppioycc), Entonces la organización “Ponchos Rojos” no sólo amedrentó a la periodista investigadora, sino también amenazó con tomar las instalaciones del indicado matutino. A continuación el presidente Evo Morales instruyó a la Contraloría investigar el manejo del Fondo en cuestión.

En medio de las denuncias, se hizo público que del 2010 al 2013 se desconocía el destino de 503 millones de bolivianos correspondientes nada menos que a 804 proyectos. Este y otros hechos determinaron que en diciembre de 2013 el contralor Gabriel Herbas dispusiera la auditoría de 4 gestiones del Fondo Indígena.

La “madre del cordero” de los malos manejos se remonta al DS Nº 28.571 de 2005 creando el Fdppioycc, el mismo que percibe anualmente el 5% del IDH, de modo que en algún momento se estimó su giro en alrededor de Bs. 74.600.531, monto realmente impresionante. Una asamblea es la máxima instancia de decisión del Fondo y, a la vez, ejerce control, o debería ejercerlo, de los montos asignados; está conformada por todas las organizaciones sociales indígenas-campesinas; tiene un directorio presidido por la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, y administrativamente se maneja por un Director Ejecutivo y sus colaboradores inmediatos.

El primer desembolso para los proyectos por lo general cubre el 80%, dejando el 20% supuestamente pendiente para la inversión final. Este tratamiento es contrario a las normas de financiamiento de obras y contratos del Estado, que determinan una entrega preliminar de sólo el 20% y el resto según el avance o ejecución. Todo señala que los proyectos quedaban aprobados a simple solicitud, sin datos precisos ni respaldos técnicos. El Contralor comentó que muchos “carecen de documentación”, y otros tantos han recibido el 100% del monto pero no se han realizado o acusan un inicio precario.

Cada proyecto tiene un representante legal y un beneficiario, a cuya cuenta bancaria se hace los depósitos; este título de “beneficiario” parece coincidir con la falta de inversión y el verdadero destino del financiamiento. Como representante legal y beneficiaria aparece la candidata oficialista a la gobernación, Felipa Huanca Yupanqui, en el emprendimiento “Ayni Productivo Bartolina Sisa”, que habría recibido el 80% asignado. Con 4 proyectos se encuentra la embajadora en el Ecuador, Ruzena Santamaría Mamani, a cargo de la suma de dos millones y medio de bolivianos, ambas dirigentes de la organización Bartolina Sisa de El Alto. La primera adujo un manejo “transparente” al respecto.

El Contralor remitió los casos al Ministerio Público, como también lo había hecho anteriormente, sin que se conozca la toma de ninguna diligencia. El destino penal que pudieran tener los casos remitidos no augura progresos por motivos no descartables de corrupción o por presiones de los movimientos sociales, cuyo poder es suficiente para dar fin a la carrera de cualquier fiscal. En los hechos se trata de un dinero a fondo perdido que suma muchos millones de dólares y pareciera haberse administrado en calidad de subvención a cierta dirigencia, pues en el campo no se nota algún crecimiento como debería ser al cabo de 10 años, dado el monto global de los desembolsos.