El fiscal Leopoldo Chui confirmó que las oficinas del Ministerio Publico, donde atienden 22 fiscales de materia en diferentes especialidades, podrían trasladarse a la zona 16 de Julio para reducir el pago de alquileres de la institución.
De acuerdo con la información, la edificación que albergaría las nuevas oficinas fue incautada por la Ley 1008 y evitaría el pago de $us 4.000.
En la actualidad, los representantes del Ministerio Público ocupan oficinas alquiladas en la avenida Raúl Salmon, frente a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), ubicación que si bien permite a los litigantes poder verificar el seguimiento de sus casos y ver la posibilidad de que se coordinen los procedimientos de investigación con los funcionarios policiales, en la actualidad es la falta de espacio y el pago de alquiler que generan que esta entidad pueda ser trasladada de este sector de la ciudad.
Cabe recordar que en pasados años una vivienda fue embargada por la Ley 1008, la misma que luego de un proceso judicial, como establece la norma, fue remitida a dependencias de esta entidad.
Si bien en la actualidad la posibilidad de traslado es un hecho, no se tiene fecha exacta para saber desde cuando el Ministerio Público atenderá a los litigantes en la zona 16 de Julio, donde no sólo los espacios favorecerían a la atención de la población, sino la reducción del pago de alquileres, lo que permitiría que el monto pueda ser invertido en el pago de sueldos a otros colaboradores de esta entidad.
“Aún los fiscales de materia si bien no han comunicado cuando se procedería a realizar el traslado del Ministerio Público y esos ambientes cercanos a la plaza Ballivián, esto facilitará la atención a la población litigante. Mientras que en la actualidad el gasto de alquiler llega a $us 4.000, por lo que se ve pertinente dejar de efectuar gastos de alquiler, cuando existen ambientes adecuados para esta instancia”, indicó el fiscal Chui.
Actualmente, cada uno de los fiscales cuenta con dos auxiliares y un asistente, los cuales llegan a ser insuficientes para atender toda la carga procesal que en su mayoría llega a acumularse a más de 100 casos por mes y de estos por cada unidad, de los cuales se debe coordinar con los investigadores de la Felcc, para aplicar los procedimientos de investigación.
“Esos montos económicos del alquiler nos puede ayudar incluso para poder adquirir otro tipo de equipamiento que permita una mejor organización de todos los casos que son atendidos, en cada una de las especialidades”, remarcó.
La determinación de traslado de las oficinas del Ministerio Público no fue de mucho agrado para quienes deben recurrir a esas instancias para realizar el seguimiento correspondiente de sus notas, ellos aseguran que será un doble gasto económico, porque en la actualidad, en muchos de los casos investigados, se pasan las responsabilidades entre los investigadores y los fiscales.
“El problema es que no podremos hacer un seguimiento y verificar en el momento quién miente, porque en varios casos nosotros hemos solicitado a los investigadores que hagan el allanamiento de la denuncia presentada, que investiguen y ellos siempre aducen que los fiscales son quienes no dan la orden, que el juez está ocupado, que la presentación del memorial fue rechazada y como están las dos instancias una frente a la otra se lograba modificar en el día, pero con el traslado será un segundo viacrucis”, expresa Clemente Maldonado, un litigante que continúa solicitando resultado de un posible delito de trata y tráfico a un menor de edad, proceso que si bien no concretó la salida del menor, pero a la fecha no se tiene la detención de los responsables desde hace más de siete meses.
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