La podredumbre interna

En la administración actual de algunos programas y proyectos del Estado hay algunos “agujeros oscuros” cuya existencia es imposible de justificar. Sin embargo, son fáciles de entender -sin que entenderlo signifique justificación alguna- tomando en cuenta las características particulares del manejo discrecional que supone la administración hegemónica del poder.

Al menos en teoría, la implantación de un nuevo modelo político, hacia el cual el socialismo es hoy sólo un puente de tránsito, implica el cambio total de estructuras. El camino hacia la “comunidad universal”, el “ayllu planetario” o el “vivir bien” -de los que habló el vicepresidente el 22 de enero en la Asamblea Legislativa- supone necesariamente desmontar el andamiaje de la República “capitalista” y “neoliberal” construido a lo largo de más de 200 años para implantar las bases de una nueva “sociedad comunal”.

El tema es ¿cuáles son las bases de esa nueva “sociedad comunal”? Visto desde esa perspectiva, la praxis del cambio parece mucho más profunda y complicada que la teoría. Porque la materia prima del cambio es sustancialmente la misma, por mucho que los pregones ideológicos cambien hoy de contenido y hablen de “comunitarización universal y total de todas las relaciones humanas y de los humanos con la naturaleza”.

La experiencia diaria muestra de manera contundente que la puesta en práctica de las buenas ideas para organizar la vida en comunidad, y hasta los buenos propósitos políticos, económicos o sociales si los hay, tropiezan con la realidad de la condición humana. Y la condición humana gira, como siempre y desde siempre, en torno a los intereses personales e individuales del ser humano. De cada ser humano. El hombre es egoísta, por naturaleza. No por elección o por decisión propia. Es un requisito de sobrevivencia. Su vida en comunidad se originó en su necesidad de satisfacción de sus necesidades primarias. Y esa condicionante de lucha y pelea por la satisfacción de intereses personales persiste y persistirá, mientras su vida dependa de la convivencia social.

El principal escollo de los procesos de cambio político se origina por eso -según los antecedentes históricos- en la condición humana de sus actores. Ya sea en grupo, como organizaciones sociales, o de manera aislada y personal. Y está ya visto que la prevalencia de ese interés personal o gremial por encima del interés colectivo es el atractivo más importante que motiva la participación de la gente en política. El altruismo patriótico en aras del bien común es, seguro y lamentablemente, el ingrediente más escaso en la vida política. Nuestra y ajena.

Los grandes procesos políticos, acá y allende fronteras, fracasaron o caminan al fracaso por esa sencilla razón. La corrupción organizada y que se origina en apetitos personales insaciables, genera podredumbre interna en los procesos políticos de manera incontrolable. Los ejemplos del vecindario son demasiado contundentes, para ignorarlos.

A los éxitos de la política social en Brasil, que permitieron disminuir los niveles de desigualdad económica y social tan marcada en el coloso vecino, los está aplastando el espectacular escándalo de corrupción en Petrobras, la petrolera estatal que era buque insignia del nivel desarrollo que lo ubicó entre los países grandes de la economía mundial. Pasado el carnaval, las repercusiones del escándalo de sobornos y enriquecimiento fácil de centenares de personas vinculadas al poder político y económico de la petrolera estatal revivirán la hoguera de las contundentes protestas que precedieron al último mundial de fútbol. La pregunta es ¿en qué medida terminarán socavando los cimientos del andamiaje político que implantó y pretende mantener el ex presidente Lula da Silva?

Lo mismo ocurre en Argentina, donde a las graves denuncias de corrupción, lavado de dineros sucios y negociados -hasta ahora sin esclarecer- que afectan al gobierno ya saliente de Cristina Kirchner se suman ahora las repercusiones de la muerte (¿crimen o suicidio?) de un fiscal que estaba dispuesto a imputar a la presidenta por brindar protección a terroristas iraníes. Cualquiera que sea el final del caso, tendrá efecto letal para las aspiraciones de prolongación del modelo político.

Incluso en Chile, donde a pesar de los cambios políticos se preservó la vigencia de las instituciones fundamentales, la posibilidad de que la relación filial haya beneficiado negocios privados de un hijo de la presidenta Bachelet está salpicando de escándalo a ese gobierno. Para no citar el caso de Venezuela, cuyo proceso de cambio se derrumba de manera estrepitosa en medio de escándalos inéditos de corrupción, negociados e incompetencia administrativa.

En casa, la situación es más complicada. La creciente inclusión social, seguramente el activo más importante del actual proceso, incorporó un ingrediente nuevo a la complicada ecuación de administrar los bienes públicos. Sectores antes excluidos tienen hoy acceso y control de esos medios y recursos. En el Fondo Indígena, por ejemplo, donde se ha detectado un daño económico al Estado de 77 millones de bolivianos, se investiga 153 proyectos financiados y no ejecutados y a 253 personas responsables de esos proyectos.

El dato preocupa, si es botón de muestra de lo que ocurre con otros proyectos o programas similares. Alarma también, porque al proceso de desinstitucionalización no se lo acompaña con la creación de nuevos mecanismos de control. Y lo que es peor, genera grandes dudas a futuro: atomizado como está el país no se ve perspectivas de que se pueda conformar un andamiaje idóneo para soportar una nueva estructura administrativa inspirada en pregones tan nobles como los que suponen una sociedad comunitaria universal.