María Huanca, representante de 800 personas que hace más de 35 años adquirieron lotes en la zona Puchucollo, denunció que comunarios y personas inescrupulosas con documentación supuestamente fraguada, a nombre de un difunto, pretenderían apropiarse de más de 10.000 terrenos, aspecto que genera riesgos y enfrentamientos constantes.
De acuerdo con la denuncia, supuestamente la familia Quispe Quispe con documentación fraguada de Adrián Quispe Zacarías, quien falleció el 9 de diciembre de 1998 con un golpe en la cabeza, estaría realizando la alteración de los folios reales de derecho propietario, con el supuesto apoyo de autoridades del municipio de Laja y dirigencia comunitaria del sector.
Con tres folios documentados en sus manos, más de 20 familias se apersonaron a las instancias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto con el propósito de denunciar el estado de indefensión en que se encuentran exrelocalizados de los centros mineros quienes adquirieron de una persona, identificada como Mario Blanco los terrenos en dicho sector.
“El clan familiar Quispe es el que está realizando avasallamientos y apoderándose de lotes con documentación fraguada para luego vender a otras personas que enfrentarán procesos, porque en el sector de Alto Puchucollo, no existe ninguna garantía de derecho propietario para ninguna persona”, indicó.
Las víctimas que pertenecen a la urbanización 14 de septiembre lamentan que algunas autoridades y funcionarios del Municipio de Laja, favorezcan, presuntamente, a loteadores quienes con grupos de choque, amenazas, amedrentamientos, agresiones físicas y lesiones, han cercado los lotes y no permiten que los verdaderos propietarios puedan asentarse y menos demuestren su documentación legal en instancias correspondientes, tal y como establece la norma.
Las actuales familias de la urbanización denuncian que los testimonios de los presuntos loteadores corresponden a un testimonio numerado 423 de 1979, donde la familia Quispe utiliza las cédulas de identificación de sus familiares muertos, como los antiguos dueños, folio real que si bien llega al Tribunal Supremo en Sucre, en dicha instancia concluye con la anulación de obrados, factor que genera que los comunarios cerquen los lotes impidiendo la presencia de los verdaderos propietarios.
“Lamentablemente están implicadas autoridades, algunos dirigentes comunarios y es por eso por las mismas agresiones generadas a varios de los propietarios, se inicia una querella penal en contra de la familia Quispe, factor que impide vivir a nuestras familias, porque siempre están siendo agredidos”, remarcó Huanca.
En la segunda denuncia realizada por Mario P. T. se dio a conocer que desde hace más de 10 años son constantes las amenazas, les advierten en hacer justicia comunitaria en caso de que ellos busquen trasferir algún lote, pretendan retornar a sus lotes, aspecto que ocasiona la ausencia del mejor derecho propietario.
“Son un clan familiar de loteadores Quispe Quispe, dirigidos por un policía comunitario y sus familiares junto con algunos dirigentes y funcionarios municipales, quienes están generando diferentes hechos irregulares para la alteración de la documentación de los loteadores y en la actualidad han llegado a cercar dichos espacios, siendo el lugar tierra de nadie, no hay justicia, no hay Policía, sólo los loteadores”, remarcó.
Mario advierte a la población a no ser sorprendida en la compra de lotes en el sector de Alto Puchucollo donde supuestamente la existencia de un clan familiar logra mantener los avasallamientos y ventas a terceros propietarios, como los mecanismos de engorde y estafa de dichos lotes.
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