Legítima, justa y equitativa distribución de los ingresos

Con buen criterio y posiblemente con intención de dar pasos firmes en la administración del Estado, el gobierno ha convocado al Consejo Nacional de Autonomías con miras a una distribución del Pacto Fiscal o debida participación de los ingresos para conseguir un desarrollo armónico del país poniendo en práctica el sistema autonómico que ya tiene un retraso de seis años. El Presidente, al inaugurar el Consejo hizo sentir que las metas de las autonomías se alejan de las realidades. Hay que convenir en que ello se debe a descuidos, indiferencias o no acciones dinámicas de quienes debían llevarlas a cabo.

Se ha señalado que, previamente a todo, “hay que reformar la Ley de Autonomías” y, para ello, deben “cumplirse cinco nuevas condiciones”. El caso, pues, de inicio, se muestra con dificultades que requerirán mucha serenidad, confianza, respeto y consideraciones de todo tipo para encarar, con equidad y justicia, lo que se debe hacer en pos de conseguir resultados positivos para el país. Cuando se habla de autonomías es preciso analizar realidades porque lo que se hizo hasta ahora muestra que hubo retrasos, descuidos, postergaciones y hasta un “esperar qué hace el gobierno”, cuando la realidad es que hay fallas que, según el Ministerio de Autonomías, “120 municipios no cuentan con la Carta Orgánica, también 11 autonomías indígenas de las que 3 esperan fecha de referéndum; 8 departamentos estarían esperando el control de constitucionalidad, mientras sólo Pando tiene aprobado su Estatuto con referéndum incluido”. Estas falencias, ¿culpa de quiénes son? ¿Es que los interesados en la Autonomía no debían avanzar todo o sólo el gobierno debía hacerlo? Se dice que se esperaba los “resultados del censo del 2012”, pero eso se conoce hace tiempo y, que se sepa, no se avanzó mayormente.

Son muchos los obstáculos que seguramente tendrá el gobierno para definir la distribución de la renta nacional - con exclusión del IDH-, pero tampoco hay la coherencia, precisión y urgencia de avanzar en todo lo que debían hacerlo las regiones y las instituciones comprometidas para lograr resultados positivos en pro de las autonomías. Ahora, con el Consejo Nacional de Autonomías que, una vez organizado se espera que actúe con imparcialidad, equidad y ecuanimidad, haya coherencia en lo que deba hacerse: que cada región reciba los recursos debidos de la Renta Nacional en condiciones que sean legítimas, justas y equitativas comparadas con la parte del gobierno que, a su vez, debe cumplir papel importante en bien del Estado.

Tres razones fundamentales se debe tener en cuenta para que el país sea administrado bajo principios de equidad, puesto que es legítimo manejar los recursos financieros con la mayor escrupulosidad y eficiencia porque es un hecho y un deber que el pueblo -a través del gobierno y las instituciones- pueda disponer de todos los ingresos que genera la nación, basado en que “… La soberanía radica en el pueblo boliviano y de ella emanan las atribuciones de los órganos del poder público” (Art. 7 CPE).

Es justo, porque la producción es efecto del trabajo y riqueza producida por todo el país y no es solamente efecto de la administración gubernamental. Esto implica, pues, que los recursos generados deben ser distribuidos proporcionalmente y conforme a los resultados del censo de 2012 como reza el mismo texto constitucional que establece, claramente: “El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas públicas” (Art. 241 CPE).

Debe ser equitativa la distribución de recursos porque ello permite disponer, participativamente, de los bienes o riquezas generadas como Estado o sea como pueblo, que son todas las instituciones públicas y privadas, y como gobierno que se debe al pueblo. La equidad, por principio, es actuar con justicia y ecuanimidad respetando los derechos de todos.

El Presidente señaló que hay “cinco nuevas condiciones” para siquiera “mencionar el pacto fiscal”. Esto implicaría que ¿habría nuevos obstáculos debido a que el país recibirá menos 1300 millones de dólares por las ventas de gas? En otras palabras, ¿habrá menos dinero y el gobierno busca mejorar su cuota parte antes de distribuir recursos entre las regiones? Todo esto implicaría que las autonomías tendrán que esperar mucho para ser realidad y, entretanto, quedarán en simples ilusiones. De todos modos, habrá que ver qué dice y qué hace el Consejo Nacional de Autonomías si actúa bajo principios de equidad y autonomía que debe tener; si sólo será entidad que reciba órdenes, estarán descontentos los fracasos y se convertirá en una entidad burocrática más, sin beneficio alguno para el país.

Al instalar el Consejo Nacional Autonómico, el presidente Morales dijo que “...el debate debe estar orientado a consolidar un Estado productor que genere nueva riqueza y no sólo distribuidor de recursos económicos, con el objeto de reducir los niveles de extrema pobreza y anular las desigualdades entre bolivianos”. Certeros los conceptos presidenciales, especialmente cuando se habla de generar nuevas riquezas y que requieren la adopción de medidas muy claras y precisas como el capítulo de inversiones y nuevos comportamientos -con austeridad y conciencia de país- del propio gobierno y su partido.

Por su parte, la Plataforma Pacto para el Bien Común, señaló: “El Pacto fiscal es la oportunidad histórica que tiene el país para concertar su desarrollo”. Desarrollo que, efectivamente, a través del sistema autonómico, tiene que ser armónico y sostenido en los marcos de pluralidad y participación. Está bien entendido que el gobierno, si quiere, puede llevar a buen término las autonomías y una distribución equitativa de los recursos evitando por su parte gastos innecesarios y manejos discrecionales de la economía. Lucha contra el contrabando y la corrupción y aplicar las leyes para frenar abusos y posiciones contradictorias con la misma posición presidencial, de grupos que pretenden manejar al país como feudo propio. Las autonomías, proyecto de hace muchos años, es, de algún modo, una forma de plasmar en hechos la Participación Popular con equidad, ecuanimidad, legitimidad y eficacia.