Pacto fiscal e hidrocarburos

Sin ninguna duda, el gran generador de ingresos para el Estado boliviano es/será la venta de gas natural. Es una perogrullada de la que nadie se puede abstraer.

En la década 2005-2015 estarían ya funcionando proyectos de industrialización (agregación de valor) del gas y se tendría, consecuentemente, mayores ingresos vía venta de valor agregado adicionalmente a la venta -simple- de materia prima. Pero eso es trillado y ampliamente repetido.

Realizar un “pacto fiscal” es re-organizar el sistema de administración de egresos, pero también de ingresos. No sólo se debe echar mano a los ingresos por venta de hidrocarburos sino también ver temas impositivos. Coincido, aquí, con muchos expertos que piden -justamente- realizar una reforma impositiva: quién cobra qué a quién.

Regular y legislar actividades de tributos a ser cobrados por el Estado central, por los gobiernos subnacionales y los Municipios, son temas que van de la mano del “pacto fiscal”.

Y para analizar quiénes pagan qué tipo de tributo se debe re-pensar en formalizar a la actividad comercial/industrial en el país. Hay mucha informalidad. Mucha actividad comercial no regulada y que no genera tributo.

No sólo es presionar sobre la pequeña porción poblacional que está (estamos) sometida a tributos. Sino ampliar el universo tributario.

El “pacto fiscal” debe ir, en consecuencia, más allá de pensar en nuevas fórmulas de división de los ingresos por venta de hidrocarburos que, reitero, es la principal fuente de sustento de Bolivia.

No dejar de lado, bajo ningún concepto, a YPFB y a la EBIH (empresa boliviana de industrialización de hidrocarburos) que cualquiera de las “fórmulas” de re-distribución planteadas en el marco del “pacto fiscal” deben ser privilegiadas con presupuestos fortalecidos: no se puede generar más ingresos vía hidrocarburos si previamente no se invierte en ampliar y modernizar el sector.

Por lógica -siempre hemos insistido en esto- las regiones productoras de petróleo/gas de Bolivia: Tarija, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz tienen que ser consideradas para recibir mayor cantidad de porcentajes en esa redistribución, con el ánimo de seguir impulsando la industria energética, particularmente.

No olvidemos que la “división” que se plantee en el marco del “pacto fiscal” sobre los ingresos en hidrocarburos debe tomar en cuenta la movida permanente de los precios de los commodities.

Ahora habrá menos por redistribuir, dada la baja de precios del barril/petróleo.

Es claro que el pacto fiscal “es el espacio agendado por la Ley Marco de Autonomías por la que a través de un proceso de concertación, se tratará los aspectos relacionados con la generación, distribución y destino de recursos públicos”; hay dos elementos: cómo generar y cómo distribuir.

No es necesario detenerse en el cómo distribuir, sino más bien en el cómo generar más dinero a partir de otras actividades que no necesariamente sean de hidrocarburos; sin olvidar ahora que el Estado es más grande (más instituciones nacionales, subnacionales, etc.) que van a consumir muchísimo más dinero estatal.

Además deseamos conocer qué se hizo con el dinero del gas que administró el Gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y otros desde 2005 hasta la fecha; y fundamentalmente qué se podría hacer con una nueva redistribución para encarar el desarrollo, industrialización de gas y reducción de pobreza.

Está claro, eso sí, que por las próximas décadas el “caballo” de carrera de las finanzas bolivianas es y será el gas natural.

El autor es Consultor privado.

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