Defensor del Pueblo critica violencia en cárceles del país

Debido a un incremento en las “condiciones de miseria”, el estado de hacinamiento y al menos dos muertes por falta de auxilio médico, de las siete que se dieron en cuatro meses en centros de reclusión del país, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, alertó sobre un trabajo deficiente por parte de la Dirección de Régimen Penitenciario, la retardación de justicia y la falta de voluntad política para enfrentar esta debacle, por lo cual prevé reunirse con el Ministro de Gobierno para tratar esta situación entre otros varios temas. Según la esta entidad, el 82 por ciento de presos siguen siendo preventivos.

“Hay más de 9.000 personas sin condena, más de 1.500 niñas, niños y adolescentes en alto nivel de riesgo y vulnerabilidad y 15.000 personas viviendo en espacios construidos para albergar a 5.000, con un presupuesto de apenas seis bolivianos diarios por persona para alimentarse, cubrirse y curarse, lo que no solamente es insuficiente sino ofensivo”, afirmó el Defensor.

En los informes sobre el estado de los derechos humanos de los tres últimos años, la Defensoría del Pueblo ha denunciado que las cárceles son espacios donde la vulneración de derechos es “recurrente, sostenida, permitida y promovida por un sistema ineficiente y poco transparente del que forman parte fiscales, jueces, policías, abogados, privados de libertad con privilegios y una Dirección de Régimen Penitenciario que carece de la capacidad, la voluntad política y los medios para enfrentar la debacle”, sostiene parte del comunicado emitido ayer.

“En los últimos cuatro meses, han muerto siete personas en las cárceles de Bolivia y otras cuatro han resultado heridas, además se han denunciado maltratos, golpizas y vejámenes, se siguen poniendo trabas incomprensibles y absurdas a la aplicación de la Ley del Indulto y la cantidad de niñas y niños en las cárceles se incrementa” reclamó el Defensor luego de recibir el informe sobre los últimos casos investigados en ese tema.

Villena se refirió a las dos muertes ocurridas en la cárcel de Cobija y cinco en la cárcel de San Pedro de La Paz. De éstas, tres muertes se debieron a falta de auxilio médico, además se reportó el asesinato de una mujer a manos de su esposo en el mismo recinto penal paceño y cuatro heridos graves en circunstancias no esclarecidas. Estos hechos ocurrieron entre noviembre de 2014 y febrero de 2015.

Por otra parte, expresó preocupación por denuncias de abusos y golpizas ocurridas en la cárcel de Potosí y la incompresible reticencia de las autoridades judiciales a conceder el indulto a cuatro privados de libertad en Tarija pese a haber cumplido los requisitos que establece la ley. “Estos hechos, sumados a que, pese al esfuerzo del sistema judicial, el 82 por ciento de presos siguen siendo preventivos”, reclamó la autoridad.

El reporte de la defensoría de Santa Cruz, señala que la cantidad de niñas, niños y adolescentes que viven en la cárcel de Palmasola se ha incrementado a casi 300 debido al retorno de los y las menores que el año pasado fueron remitidos a familias ampliadas y hogares de acogida. “Aparentemente las instituciones que debían hacer cumplir los acuerdos han desatendido el tema”, indicó.

Por último, anunció que buscará una reunión con el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, para tratar una serie de temas que preocupan a la Defensoría del Pueblo, entre ellas la situación de las personas privadas de libertad.