Solicitan informe por uso de vehículos

El representante del Defensor del Pueblo en El Alto, José Luis Hidalgo, solicitará un informe al Municipio y las instancias policiales con la finalidad de definir el uso adecuado de más de 78 vehículos entregados con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

La autoridad dio a conocer que si bien parte de la solución a la inseguridad en la ciudad es incrementar el número de efectivos policiales, la instancia municipal procedió también a inaugurar Estaciones Policiales Integrales (EPI), entregó equipamiento, vehículos, sistemas de comunicación, entre otros, los cuales debieran tener un informe sobre las condiciones en que se encuentran y si están siendo utilizadas para los programas de Seguridad Ciudadana.

“En los hechos, por ejemplo, las dos EPI no funcionan como lo planificado, los programas de Seguridad Ciudadana anunciados por el exministro de gobierno Carlos Romero en términos de tecnología no se aplicaron y lo propio la instalación de una unidad de mantenimiento que favorezca a los equipos y vehículos dotados por el Municipio”, indicó el representante del Defensor.

A la ausencia de políticas públicas permanentes en Seguridad Ciudadana, se suman las diferentes falencias del Ministerio Público, las cuales impiden que varios casos procesados, por encontrarse incluso en flagrancia, puedan obtener sentencia, por el contrario se identifican a personas prontuariadas en libertad quienes nuevamente se articulan para continuar generando zozobra y actividades ilícitas en esta urbe.

“Es de mucha preocupación este tema y en función de nuestras competencias se realizó un foro con diversas entidades vecinales ante la ausencia de efectivos policiales e instancias que brindan seguridad a la población, por lo que a partir de este encuentro los mismos vecinos buscaban definir su propia seguridad ciudadana con el uso de alarmas, para así evitar aplicar la justicia por mano propia e implementar los propios derechos humanos”, señaló.

Si bien el Municipio dio referencia al Defensor del Pueblo sobre el equipamiento y vehículos entregados a la Policía, en la actualidad se busca identificar el uso correspondiente o a qué instancias se designó estos utensilios porque, en algunos casos, como la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), a la fecha no recibe ningún apoyo de este tipo de equipamiento o la Felcc que sólo habría recibido una camioneta.

La observación también surge en las instancias vecinales, quienes cuando solicitan el auxilio correspondiente por parte de las unidades policiales las mismas no acuden por la falta de vehículos o efectivos, dejando esa responsabilidad sólo a la iniciativa vecinal.

“Por lo tanto al ser una constante la respuesta de las unidades policiales de que falta vehículos, equipamiento y combustible, esta respuesta contradice a las acciones realizadas por las autoridades municipales, es por eso que se quiere saber dónde está ese equipamiento entregado”, remarcó.

En la actualidad, la etapa de verificación realizada por el Defensor del Pueblo podría concluir en el mes de marzo con la finalidad de establecer el uso adecuado del equipamiento entregado.

En tanto que en los registros del Municipio se da a conocer que cerca de 78 motorizados sería la cantidad de vehículos entregada, los cuales estaban a cargo del Comando Regional de la Policía, instancia que debía distribuirlos no sólo a instancias operativas y de investigación criminal sino también a los correspondientes módulos policiales para el patrullaje correspondiente aspecto que no es advertido por las organizaciones vecinales.

Mientras que en esta etapa de campañas electorales diferentes partidos políticos o agrupaciones ciudadanas postulantes a la administración municipal, tienen un mismo proyecto en Seguridad Ciudadana la cual se centra en delegar dicha política estatal a la acción vecinal bajo diferentes nombres como Seguridad Vecinal, Serenos Vecinales, Familia Segura, entre otros, los cuales sólo identifican a los mismos vecinos como los actores de generan su propia seguridad, sin definir políticas públicas que resuelvan esta problemática social que debe ser encarada incluso con la modificación de un sistema procesal menos benevolente con los ejecutores de las actividades ilícitas.

Hasta el 2014 se menciona el uso de cerca de 21 millones de bolivianos en proyectos de Seguridad Ciudadana proveniente del IDH, sin embargo, representantes de Unidad Nacional afirman que esta inversión fue sólo de dos millones de bolivianos.