Autonomía, pacto fiscal y desarrollo regional

En principio, es necesario poner en claro que por efecto del centralismo practicado en épocas pasadas, llegar al gobierno para un partido político significaba acomodar a sus dirigentes en cargos claves del aparato estatal con la finalidad de hacer uso arbitrario del Poder. Gasto Público, para los gobiernos centralistas, implicaba saquear los dineros del Estado en su exclusivo beneficio, importándoles muy poco la miseria en que vivían los pueblos indígena-campesinos de tierras bajas y de tierras altas, así como la pobreza que golpeaba a gruesos sectores populares de las ciudades.

Ahora se repiten los mismos errores en el ejercicio del poder bajo el patrón centralista que se prometió disminuir y hasta eliminar al amparo de un Proceso Autonómico racional y adecuadamente planificado.

El Proceso Autonómico no es ningún artilugio político para que sea tratado con ingredientes demagógicos en busca de adhesiones populares en sectores territoriales siempre postergados. La Autonomía es un proceso técnico, económico, jurídico y administrativo que corre en métodos de planificación y, en el caso de Bolivia, entre el Poder Ejecutivo, las gobernaciones y los municipios, pero por lo delicado del tema, deberían estar los colegios de profesionales entendidos en las materias señaladas y así poder acumular procedimientos que permitan concretar estrategias desde realidades de territorio, potencialidades naturales y características sociológicas. El solo digitar intereses de predominio político-sectario multiplicando autonomías fuera de los niveles legalmente constituidos, es sembrar anticipadamente discordia jurisdiccional, es crear la ambición por acceder a dineros estatales. El puro ingrediente político es un arma de doble filo que puede volcarse contra el Poder Central en cualquier momento, en perjuicio del ordenamiento legal, la paz y tranquilidad de una Bolivia digna de mejor destino.

Es de esperar que el Consejo Nacional Autonómico recientemente formado, pueda dar más luces para definir el Proceso Autonómico que se debe ejecutar con responsabilidad, capacidad y serenidad ya que los desafíos que tiene Bolivia en el mundo moderno no aceptan decisiones precipitadas, sino un producto metodológicamente elaborado para su aplicación práctica. Solamente dentro de este escenario de altura y responsabilidad será posible estructurar el esperado Pacto Fiscal, es decir, el sólido pilar sobre el cual descanse la Bolivia productiva y diversificada en todas sus regiones y subregiones con la suficiente fortaleza de otorgar al pueblo seguridad alimentaria, fuentes de empleo, capacidad exportadora, crecimiento económico y competitividad en el mundo globalizado.

El Pacto Fiscal debe tener la premisa de ordenar, clasificar y distribuir los dineros fiscales, los recursos financieros provenientes de créditos externos, los fondos de la cooperación internacional, el comportamiento de transacciones externas contraídas por el Banco Central, la gama de impuestos nacionales, establecer si las empresas estatales tienen utilidades, si son deficitarias y si se justifica su sostenibilidad y todo este trabajo, practicarlo juntamente con las gobernaciones, municipios e inclusive con las universidades. El Pacto Fiscal por razones de honestidad funcionaria debe tener la virtud de que el Gobierno Central respete las normas legales para el uso de recursos del Tesoro Público y no se multiplique en progresión geométrica el libre uso de ellos, como actualmente viene sucediendo, lo que puede implicar mañana la aplicación de juicios de responsabilidad a quienes hubieran infringido las normas legales sobre el particular.

Se debe tomar muy en cuenta que dentro de un Proceso Autonómico, el Poder Central es normativo, dicta las estrategias generales, las disposiciones constitucionales, la fiscalización y control de las transferencias y son las gobernaciones y los municipios los actores que deben crear el clima de necesidades regionales y subregionales, así como los emprendimientos industriales y comerciales con dinámico crecimiento económico.

El Dr. Juan Carlos Urenda, especialista en gestión empresarial, ha señalado que el Poder Central maneja el 80% de las regalías, el 75% de los impuestos, el 42% de los recursos del IDH o sea que una mínima parte se destina a las regiones. Esto quiere que en una concertación distributiva de dineros fiscales, el Poder Central tendría que reducir su crecido presupuesto en contratos de obras de dudosa utilidad, adquisición de bienes innecesarios, construcciones faraónicas, gastos corrientes para un crecido aparato estatal y trasladarlos a las regiones y éstas no sigan tradicionalmente postergadas como en gobiernos anteriores.

Bolivia necesita salir del oscuro túnel del centralismo político absorbente hacia una autonomía regional que permita construir respuestas prácticas al desarrollo de sus potencialidades naturales de forma diversificada y con valor agregado para fortalecer sus economías y la del país. Es indispensable establecer el espíritu comunitario o cooperativo como los Kibuts en Israel a favor de los pueblos indígena-campesinos de tierras altas y de tierras bajas para aprovechar las bondades de la madre tierra y así alcanzar una vida civilizada y no seguir transitando por los caminos de la miseria.

Se debe instar a los gobiernos departamentales y a los municipios para pisar fuerte en el desarrollo industrial con la participación de la inversión privada, sea nacional o extranjera. Forjar una mentalidad de autonomía regional y contestataria para demandar derechos de progreso y bienestar al Poder Central no para unos departamentos sí y para otros no. La Patria es de todos los bolivianos y de nadie en particular.