Reclamos de jubilados y sugerencias para activos

Permanentemente escuchamos reclamos airados por el mal trato que sufren los jubilados, por las constantes negativas del Gobierno ante quienes reclaman por un derecho que también les corresponde por haber sido trabajadores activos en su época, en la que sirvieron a la sociedad y al Estado. Es necesario recordar que fueron engañados por la Central Obrera Boliviana, cuyos representantes se prestaron de mediadores, seguramente instruidos por las autoridades o por su jefe. Luego los directivos de la Confederación de Jubilados también se prestaron al juego de la COB. Por otra parte, por insistencia de esa organización lograron una entrevista con el señor Presidente, el mismo que instruyó al Ministro de Hacienda que formen una comisión con los jubilados, para buscar una solución al problema y vean cómo encontrar los recursos necesarios.

Desde la primera reunión se notó que no había intención de ceder al pedido del bono del jubilado, argumentos no faltaron y finalmente sostienen que la reducción paulatina de los precios de las materias primas obliga al Gobierno a no conceder algún bono y menos un segundo aguinaldo.

En un principio el objetivo era no ceder ante ninguna solicitud y hacer de lado las presiones. La solución resultó muy cómoda para el Estado, no hay recursos, en un país de auge económico y se dice con un blindaje ante cualquier problema que venga del exterior, por lo que no afectará en absoluto a la economía del país y consecuentemente ratificaron conceder un segundo aguinaldo a los trabajadores activos.

El Estado tiene varias opciones que podrían satisfacer a los jubilados, por ejemplo: se podría deducir el segundo aguinaldo a los activos en un 50%, y con el saldo total conceder un bono promedio a los rentistas; otra opción es negociar el monto que tenga equivalencia sobre lo solicitado y no negar en forma rotunda lo que por justicia les corresponde.

Un jubilado hizo una alusión a que se podría utilizar los ingresos por riesgos, en este caso el problema no es como se lo plantea, la propuesta puede ser posible cuando las Administradoras de Fondos de Pensiones transfieran los recursos a la Gestora. Pero este jubilado tiene razón en cuanto a que existe un porcentaje significativo de ahorro; según datos, la prima desde un principio ha sido sobredimensionada, por lo que se calcula que la erogación es mínima y consecuentemente el remanente es bastante alto.

Las autoridades constantemente hacen caso omiso ante cualquier planteamiento o sugerencias. Los ingresos que tiene el Estado también son recursos de todos los habitantes y estantes del país, por lo tanto tiene la obligación de atender la demanda del sector pasivo.

El Gobierno está demostrando una vez más la forma de deshacerse muy rápidamente de los jubilados, cuanto más reducidos sean los medios para éstos, menos sobrevivirán, porque paulatinamente lo que actualmente perciben va rediciéndose por la constante alza de los precios de los artículos de primera necesidad: gran parte de los rentistas tienen serios problemas de vivienda y otras necesidades elementales.

Este problema irá aumentando gracias a la ley que ahora regula las pensiones creando un tope, hecho lamentable que deberá ser revertido, y lo más indicado es modificar esa ley, donde forzosamente el aporte será más equitativo y podrá resolver a futuro las rentas, acorde con el salario efectivamente percibido.

La solución es sencilla, aun manteniendo la Gestora, el aporte debe ser TRIPARTITO, es decir de Estado, Patrón y Trabajadores, porque en la actualidad el Fondo Solidario del 3% que el Estado concede nada significa respecto al cálculo y las normas que existen en la Ley de pensiones.

La Gestora con estas nuevas normas deberá disponer de un directorio compuesto por los sectores de mayores componentes, como magisterio, de fabriles, mineros y a su vez deberá ser paritario con el dispuesto por el Gobierno. Este directorio no tendrá representantes de la COB, por ser un organismo manejado por el Estado.

Según lo que conocemos, las únicas que tienen razón son las autoridades, que no aceptan críticas ni sugerencias, tampoco aceptaron participar donde las invitaron para conocer sus planteamientos, los eventos que se realizaron con organismos internacionales y ONGs, y con la participación de técnicos nacionales, expertos en seguridad social.

Las autoridades se hicieron las de la vista gorda o cuando se presentaron, dieron su explicación y desaparecieron de los debates. Esto significó falta de respeto y burla para las entidades que las invitaron, así como a los trabajadores y público que asistieron.