Selva Camacho permanece con detención preventiva

Al menos cuatro riesgos procesales fueron desvirtuados por la defensa de tres implicados en la supuesta red de corrupción al interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), sin embargo el juez de garantías de la Sala Penal Segunda, Elías Ganam, y el vocal Félix Peralta determinaron que las detenciones preventivas en contra de Selva Camacho, su hijo, Luis Bell Camacho, y Yalile Bravo, continúan.

De acuerdo con la determinación de la jueza anticorrupción y violencia de contra la mujer, Chintia Delgadillo, la exfuncionaria de YPFB, Selva Camacho, fue detenida de forma preventiva bajo cuatro riesgos procesales de fuga, de los cuales el tribunal presidido por Ganam determinó descartar tres. Sin embargo, de manera algo confusa, la detención se mantiene, debido a que la investigación continúa.

Según la explicación del abogado de Camacho y su hijo, Ramiro Vega, en la audiencia se desvirtuó las afirmaciones de los abogados de YPFB y la comisión de fiscales, en sentido de que su defendida pueda influir en otros implicados o personal de la Estatal Petrolera, que ella sí cuenta con un domicilio conocido y que no puede obstaculizar la investigación. “Lo que sigue es la presentación de una acción de libertad”, anunció Ramiro Vega a tiempo de señala que ya es un avance, el que la juez Delgadillo cometió un error en el dictamen de la orden de la detención preventiva.

“Me siento un poco más tranquila, se enmienda en algo todas las violaciones y atropellos a nuestros derechos que se hizo. Bueno ya está, ahora creo que es más corto el camino hacia nuestra libertad (…) yo dejé de trabajar en Yacimientos en 2009, yo como funcionaria de quinto nivel que fui, no creo tener los tentáculos que dicen que tengo dentro de una corporación como Yacimientos, que maneja más de 1.000 millones. Ese es un argumento que poco a poco se le está cayendo a Yacimientos”, declaró Selva Camacho, luego de oír el fallo dictado por Ganam.

Al final de la audiencia, los componentes de la Comisión de fiscales y el director jurídico de YPFB, Williams Alabe, abandonaron el lugar sin dar decalraciones.

LE NIEGAN SUBSIDIO

Asimismo, Camacho lamentó que la gerencia de la Empresa Chaco le haya congelado su salario, el subsidio del cual dependía para sustentar a sus dos hijos menores y la Caja Petrolera le suspendiera la atención, sin mayores explicaciones. Camacho cumplirá tres meses recluida en el penal de Palmasola de Santa Cruz.

En Tanto su hijo, Luis Bell, está en el penal de San Pedro y Bravo se mantiene en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes.

A diferencia de otras audiencias en las que Camacho lanzó duras acusaciones en contra del fallecido presidente de YPFB, Carlos Villegas, y de su entorno familiar, por presuntos hechos de corrupción, esta vez rompió en llanto y pidió humanidad a los jueces para que acepten medidas sustitutivas a su detención en la cárcel de Palmasola y poder estar junto a su hijo.

OTROS PROCESADOS

A diferencia de Selva Camacho, su hermana Ana Belén, propietaria de la empresa Bell Comunicaciones, prefirió apostar al juicio abreviado y con ello admitir los delitos. Similar camino siguieron la representante legal de Colibrí, Erika Rojas, quien contribuyó en la investigación y proporcionó laptops, folders con contratos, además de extractos bancarios con los depósitos de las “comisiones” de los contratos.

Guido Alarcón, representante legal de Omnimedia, otra de las empresas beneficiadas con contratos dirigidos, también pedirá un juicio abreviado, al igual que Alba Chirino, la exjefa de comunicaciones de YPFB-Transporte.

CANSECO RAMÍREZ

De acuerdo a información de la agencia ANF, el director Jurídico de YPFB, Marcelo Canseco y la asesora legal, Mónica Ramírez, fueron alejados de sus cargos. Un abogado de la petrolera afirmó que fue por razones de reestructuración de personal, mientras que fuentes extraoficiales sostienen que fueron destituidos por supuestos hechos de corrupción.

En contacto telefónico, Ramírez declaró a EL DIARIO, que en su caso, no se trató de una destitución, sino que su alejamiento de YPFB se debe a razones estrictamente personales "por la conclusión" de sus servicios.

Ramírez, también negó de que se le haya abierto proceso por la supuesta denuncia de extosión planteada por Ana Belén Camacho en su contra, quien aseguró que Ramírez le habría pedido 10.000 dólares a cambio de sacarla "limpia" del proceso.

En el caso de Canseco, la Unidad de Investigaciones Financieros (UIF) evidenció que su patrimonio no tenía relación con sus ingresos, y que sus declaraciones juradas ante la Contraloría General del Estado (CGE) se contradijeron. La Fiscalía abrió un proceso de investigación sobre el caso. según ANF.