Gestoría Pública y excesivos gastos

Hay mucha preocupación en la colectividad por el hecho de que el Decreto Supremo 2.248, aprobado el 14 de enero, establece que para la administración de recursos pertenecientes al sector pasivo, actual y de próxima incorporación de empleados y obreros públicos y privados, se pagará sueldos que, desde todo punto de vista, son excesivos y atentatorios contra el país.

Los trabajadores han aportado durante mucho tiempo para el sistema de jubilación. Hasta hace poco, las AFPs atendían la administración de los fondos; pero, por decisión del Gobierno, se ha creado una dependencia gubernamental llamada “Gestoría Pública” que, se dice, tendrá a su cargo la administración de esos bienes que, al 31 de diciembre de 2014, llega al importe de diez mil quinientos ochenta y ocho millones de dólares ($us. 10.588 millones = Bs. 73.692 millones) importe que, es, más o menos, el 71% de las reservas internacionales del país.

El sector de jubilados y otras instituciones reclaman, con justa razón, porque se haya fijado sueldos hasta de 70 mil bolivianos para el presidente y otros funcionarios llegando, como mínimo, al monto de 30 mil bolivianos como sueldo mensual; suma que, si se toma en cuenta la premisa dispuesta por el mismo Presidente de la República, es infinitamente superior a lo que gana él como Primer Mandatario y la disposición de que “nadie puede ganar más que el Presidente”. ¿En qué quedan disposiciones que el mismo Gobierno aprobó si se actúa bajo conveniencias de partido o de grupos interesados en que determinados personajes perciban emolumentos muy ajenos a las reales posibilidades del país que adolece de pobreza?

Evidentemente, quienes tengan los cargos de presidente, gerente general, gerente nacional (como si la gerencia general fuese extranjera), auditor, gerentes regionales, subgerentes y otros cargos, tendrán que ser profesionales de muy alta capacidad, con experiencias acumuladas en muchas organizaciones nacionales y extranjeras donde hayan percibido sueldos iguales o muy superiores a los fijados por el decreto 2.248; pero, ¿hay en el país, especialmente en las filas del partido de gobierno, quienes posean la idoneidad, capacidad y experiencia necesarias como para desempeñar los cargos señalados? ¿Quién o quiénes garantizan que su labor implicará incrementos fabulosos hasta llegar a los 24 mil millones de dólares como asegura el Ministro de Economía?

Hay hechos que no condicen con la realidad del país y menos con los mismos enunciados del Gobierno que, hace años, fijó importes máximos para quienes ocupen cargos importantes en la administración del Estado. El Gobierno, por su propia responsabilidad, tendría que revisar su disposición y, además, exigir exámenes de competencia muy serios para quienes lleguen a asumir los cargos señalados como de “extrema importancia”.