Toronto (Canadá).- Un informe de la ONU dado a conocer ayer advirtió que en poco tiempo la demanda de agua provocará conflictos, por lo que es necesario actuar urgentemente eliminando la rampante corrupción que existe en el sector y las subvenciones a sectores como el energético y el agrícola.
El informe, realizado por el Instituto del Agua, Medio Ambiente y Salud (INWEH) de la Universidad de las Naciones Unidas, con sede en Canadá, indica que en 10 años, 48 países con una población de combinada de 2.900 millones de personas, estarán clasificados como “con escasez de agua” o “con estrés de agua”, informó Efe.
Y para 2030, la demanda mundial esperada de agua dulce será un 40% superior a la oferta. Los países más deficitarios serán los de menos recursos, con jóvenes poblaciones en rápido crecimiento.
Según el informe, “es probable que nuevos conflictos aparezcan a medida que se extrae más agua de cada vez más ríos del mundo hasta el punto que no llegan al mar”.
El informe destacó que uno de los mayores problemas es la rampante corrupción en el desarrollo de infraestructuras acuíferas y sanitarias, que es de tal magnitud que un 30% de la financiación destinada a desarrollar recursos de agua es desviada a otros fines.
“En muchos lugares del mundo, la corrupción está provocando una hemorragia de recursos financieros escasos que podrían y deberían estar disponibles para eliminar la pobreza y apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (de la ONU), particularmente los relacionados con el agua”, indicó el informe.
“La corrupción no es sólo un acto criminal. En el contexto del desarrollo sostenible podría ser visto como un crimen contra la humanidad”, añadió el informe titulado “Water in the World We Want”.
El director de INWEH, Zafar Adeel, declaró a Efe que “el impacto de la corrupción en el agua es más inmediato y visible porque afecta a las vidas y salud de la población. Hay una relación directa entre la falta de condiciones de salubridad y agua potable y las muertes infantiles por diarrea en países en desarrollo”.
El informe recomienda que “los Gobiernos y todos los sectores económicos deben erradicar la corrupción mediante el establecimiento e implementación de protocolos anticorrupción claros y definidos, con consecuencias graves cuando estos sean violados”.
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