Enfermera niega incumplimiento de medidas sustitutivas

Luego de ser denunciada por un supuesto favoritismo e incumplimiento de sus medidas cautelares, la enfermera Lola R. declaró a EL DIARIO que no goza de ninguna protección y al contrario, le preocupa su estabilidad laboral, pues contar con una fuente de trabajo es una de las condiciones para mantener las medidas sustitutivas interpuestas por el juez que lleva adelante el proceso sobre la muerte del bebé Alexander.

El viernes, la abogada Paola Barriga declaró que se estarían cometiendo irregularidades respecto del tipo de medidas cautelares interpuestas a los implicados en el caso Alexander. La jurista aseguró que la enfermera no debía seguir trabajando en el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), el cual tiene a su cargo los hogares de acogida.

Barriga consideró que esto era una actitud de protección por parte de las autoridades de la Gobernación, de la cual depende el Sedeges.

Por su parte, la enfermera Lola R., pidiendo no se tergiverse sus declaraciones, se limitó a exhibir el mandamiento de arraigo y la resolución de su acta de medidas sustitutivas, en las que se establece como requisito, que desvirtué riesgo de fuga, el que cuente con una dirección domiciliaria permanente y una fuente laboral estable, como lo es su trabajo como enfermera en el Sedeges.

Consultada al respecto, Karen Pereira, directora jurídica del Sedeges, explicó que en el caso particular de Lola R. se inició un proceso sumario administrativo (paralelo al proceso penal en la justicia ordinaria que prosigue), por supuesto incumplimiento de funciones que derivaron en la muerte del bebé Alexander el 13 de noviembre del año pasado, proceso del cual la enfermera salió absuelta.

La investigación administrativa determinó que la enfermera, al tomar conocimiento del mal estado de salud del bebé, tomó la determinación adecuada trasladando al menor a un centro hospitalario para que sea atendido, por lo que ella no fue destituida.

Pereira señaló que, sin embargo, la justicia ordinaria ordenó su alejamiento, tanto del Hogar Virgen de Fátima, como de los hospitales Juan XIII y del Niño, así de no mantener contacto con otros implicados, por lo que luego de la suspensión, a la que se la sometió, desde el 6 de febrero, cumple servicios en el Hogar Quevedo, sin infringir ninguna determinación judicial.

La autoridad, evitando referirse a las declaraciones de la abogada Barriga, señaló que la Gobernación de La Paz, no incurre en encubrimiento, pues las medidas sustitutivas no son impuestas por el Sedeges, sino el ámbito judicial en el cual no se tiene injerencia.