Pedirán investigación a funcionarios

El representante de las víctimas de auteros, Claudio Álvarez, solicitará que funcionarios municipales responsables del RUA y de otras instancias sean investigados luego de que se denunciaran modificaciones a registros de documentos de propiedad de vehículos que son sustraídos por asociaciones delictivas.

Cabe recordar que la familia de Willy Calisaya Machaca, quien fue víctima de acogotamiento el pasado 26 de febrero del 2014, logró dar con el paradero del vehículo con placa de control 2213-GEY, denunciado como robado en la Dirección de Prevención de Robo de vehículo (Diprove), pero pese a ello se reveló la modificación de documentación del mencionado vehículo, acción en la que se implicó a un presunto expolicía identificado como Franklin Quispe Mamani.

Mientras que el directo involucrado con el delito de asesinato, Bladimir Alanoca Laura, confesó la comisión del delito y se solicitó la sanción máxima de 30 años. Ante esto, la organización de víctimas de auteros ahora demanda que estas dos personas aclaren cómo y con qué funcionarios del RUA lograron modificar la documentación original, pese a la denuncia de robo, para así definir responsabilidades.

“Por lo tanto, de dónde y cómo ha obtenido la documentación para modificar el derecho propietario del vehículo y además ha realizado el pago de impuestos al mismo municipio con un nuevo propietario, cuando el vehículo estaba denunciado como robado, seguido por muerte. Por lo tanto, nuestra organización busca conocer quiénes son los verdaderos responsables de estas alteraciones y cómo la inseguridad jurídica en estos casos es generada por coimas con los funcionarios de estas instancias”, observó.

Para Álvarez, las responsabilidades deben ser claras tanto para funcionarios de Diprove, Tránsito y los del RUA, para que exista las garantías correspondientes de que las asociaciones criminales que roban y matan a los choferes, no tengan la facilidad de alterar la documentación de derecho propietario de los motorizados.

En la actualidad, la fiscal Janeth Ríos es quien se encuentra a cargo del proceso de investigación, con el propósito de dar con los responsables del supuesto delito de complicidad en falsedad material e ideológica al fraguar documentos de propiedad de un motorizado denunciado como robado.

Para Álvarez, no es suficiente conocer los responsables de la muerte del taxista Calisaya y la venta de su vehículo, sino que el Ministerio Publico de oficio debiera dar con el paradero de los demás cómplices que alteraron los documentos de derecho propietario, pago de impuestos y la obtención de resolución para la obtención de un nuevo RUA del vehículo que fue denunciado como robado.

“Lamentamos que en el RUA, la Policía y municipio se presten a alterar la documentación del derecho propietario de un vehículo robado, por lo tanto algunos funcionarios de estas instancias pueden estar involucradas con estas organizaciones criminales de auteros en la urbe”, concluyo Álvarez.

Cerca de 300 son las víctimas de robo de vehículos en La Paz y El Alto y sólo en esta urbe se identificaron cinco clanes familiares de auteros que operaban en ambas ciudades con la venta de autopartes en El Alto y el Perú de los cuales se mantienen con detención preventiva integrantes del clan Juli, Herbas, Negro Churco, Mamani, entre otros.