Incentivos para la corrupción

En julio de 2014 fue asesinado el ex dirigente campesino Jacobo Soruco, oriundo de la población 26 de Julio (Beni), su delito fue haber denunciado corrupción en el manejo económico del Fondo de Desarrollo Originario Campesino (Fondiac). Esta denuncia fue la punta del ovillo para que se revele una serie de actos delictivos que no sólo salpican a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Cesutcb), al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), por tráfico de tierra, oro, madera, castaña y otros, a ministros de diferentes áreas, dirigentes campesinos, indígenas u originarios…

Hasta la fecha se sabe que durante 9 años el monto asignado a esas instancias sociales y sindicales alcanza aproximadamente a 4.900 millones de bolivianos (o 700 millones de dólares). Según últimas noticias, el brazo operativo de la Contraloría General del Estado pudo auditar sólo el 4.6% del monto destinado al FONDIAC. También se sabe que el Ministerio Anticorrupción hasta el momento nada conoce.

Ante la “eficiencia” mostrada por esos organismos gubernamentales, las principales autoridades del Estado, la Asamblea Legislativa en pleno y otras personas afines al Gobierno, como de costumbre se rasgaron las vestiduras y a coro pregonan que en este caso de corrupción “investigarán e irán hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga”. Lo que nunca llegamos a saber es cuáles son las últimas consecuencias ni quiénes cayeron.

Según mi modesto entender, en este caso los campesinos indígenas u originarios, que en muchos casos no saben leer ni escribir adecuadamente, no tienen la culpa por el manejo del dinero que les fue entregado por los gobernantes de manera irresponsable y con fines políticos maleados. Entonces, ¿cómo se defenderán los involucrados cuando les asignen cargos?, ¿se inculparán mutuamente hasta quitarse la cabeza? Ya se produjo un primer roce entre los “Satucos” y los libre pensantes. Cuidado con el Presidente, que se dice indígena. ¿Quiénes sobrevivirán ante el escándalo? Este alboroto es uno de muchos casos de corrupción que incentiva el Gobierno, analizo:

Los gobernantes que responden al Socialismo Siglo XXI por sus rústicas ideas, sin asidero real, enarboladas sin una concepción clara de los problemas económicos, cometen los errores más elementales cuando tratan de poner la “ciencia económica” por debajo de sus sentimientos mezquinos, olvidando las necesidades básicas de un Estado “pro comunista”, como es su teoría, por la acumulación de capital, el ahorro y la inversión productiva. En ese contexto, la sociedad boliviana desde hace más de 9 años soporta una burocracia explotadora, a través de un capitalismo monopolista y corrupto, manejado por una burguesía criolla bajo el manto de un socialismo anárquico, nada productivo pero “derrochador” de recursos económicos que pertenecen al pueblo boliviano.

El tiempo ha demostrado que “donde hay despilfarro económico, hay corrupción”, razón por la cual esa perversión ha sacudido a todos los organismos estatales, en particular a la Justicia impuesta por el Gobierno en el Estado Plurinacional, ejemplos de ello tenemos de sobra:

Los casos de corrupción en YPFB, donde estuvo implicado un alto dirigente del MAS, hoy con libertad para hacer trámites judiciales para honrados y delincuentes del penal de San Pedro. Recientemente, se dice que en la misma empresa un ex director trabajó denodadamente para el socialismo hasta empobrecerse y perder la vida. Se sabe de fuentes oficiales que dicha empresa ha “gastado”, en el tiempo que dura este Gobierno, alrededor de 12.000 millones de dólares, ¿quién rendirá cuentas sobre estos alegres desembolsos?

Desde el 2006, en las estatizaciones en Bolivia se invirtió alrededor de 6 mil millones de dólares en: minas de estaño en Huanuni; Aguas del Illimani; Complejo Metalúrgico Vinto; ENTEL; Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana, CLHB; Petrolera Andina; AIR BP Bolivia (suministro de combustibles para la aviación); Generadoras de electricidad Corani, Valle Hermoso, Guarachi; Compañía de luz y fuerza en Cochabamba; en acciones de Fancesa; Grupo Español Red Eléctrica; mina Colquiri en Oruro y otros. En todos los casos tenemos juicios internacionales por indemnizaciones, el monto aproximado en litigio es de 5 mil millones de dólares…

La detención del estadounidense Ostreicher; los asesinatos en un hotel de Santa Cruz; incluyendo los casos de Soza, Clavijo y otros mercenarios por el momento desaparecidos; la Marcha por el TIPNIS y otros acontecimientos, destaparon varias redes de corrupción y extorsión, que incluían a funcionarios que trabajaban en varios ministerios del Gobierno. Los nexos de esa red no acaban ahí, estaban articulados en el Ministerio Publico, la Policía, con la participación de Fiscales de Distrito, Vocales y Jueces del eje troncal. A esto se agrega la red de narcotráfico liderada por el jefe de inteligencia antinarcóticos, recluido en Estados Unidos…

No se conoce a cabalidad los incentivos gastados en la creación y manejo de 15 empresas que administra el gobierno, como la línea aérea BOA; aviones, avionetas y helicópteros para uso exclusivo de los mandatarios y otros con destino desconocido; el Banco Central fusionado al Banco de la Unión, donde otorgan créditos a todo el mundo con 0% de intereses (algo nunca visto en el mundo). ¿De dónde salen los salarios para los funcionarios de esas entidades “privadas”?

Por último, en este “juego monetario” donde el dinero pasa de mano en mano de burócratas no comprometidos con la radical idea socialista, se han entretejido los más voluminosos negocios, bajo el paraguas “socialista”.

El Gobierno se ahoga en propagandas falaces, secundado por algunos comunicadores que se esmeran hablando del mar, el Dakar, satélites, uranio, energía nuclear, etc. Pero en este “proceso” las cosas marchan tan mal que luego de más de nueve años, cuando se incentiva la corrupción, se hace política sobornando a tránsfugas y encubriendo a delincuentes sin preocuparse por su condena y desaparición en la administración pública y privada. Esto no es verdadero socialismo.

El autor es docente universitario.

almamor2003@hotmail