Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo, atraviesa una acuciante crisis económica marcada por la mayor inflación de América Latina, un déficit fiscal fuera de control y una pertinaz penuria de alimentos y medicinas. El presidente, Nicolás Maduro, ha visto su popularidad desplomarse a 20% y enfrenta tímidas protestas antigubernamentales y pequeños disturbios, mientras el país tendrá unas cruciales elecciones legislativas a fines de año.
En ese escenario, el alcalde mayor de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, fue detenido y acusado de promover un golpe de Estado. Las manifestaciones y protestas no se hicieron esperar y se agudizaron con el asesinato, a manos de un policía, de un adolescente en una protesta en San Cristóbal.
Para el analista David Smilde, del Washington Office on Latin America (WOLA), la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur) “es el único ente al que Venezuela escucha”, y tiene un “papel clave” para resolver el conflicto en ese país. Sin embargo, según el experto, los países de Unasur “en realidad no quieren hacer algo (por) Venezuela (...) es un aliado (al que) no tratan de contener”.
Sin embargo, la preocupación entre los gobiernos y organismos latinoamericanos por el creciente clima de conflictividad en Venezuela es latente.
El director ejecutivo para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, dijo que al guardar silencio sobre los sucesos en Venezuela “los miembros de Unasur se están apartando de sus principios rectores y están enviado la señal sumamente peligrosa de que el gobierno de Maduro puede continuar encarcelando a opositores y golpeando a manifestantes sin que haya consecuencias”.