Cumbre agropecuaria en espera

Con notable publicidad, autoridades, miembros del Gobierno y agricultores privados anunciaron que a mediados de febrero iba a realizarse la “Cumbre Sembrando Bolivia” con participación de organismos campesinos e indígenas y entidades empresariales, reunión que estaría destinada a impulsar al sector económico agrario y dar pasos positivos para asegurar la seguridad alimentaria de la población boliviana.

Esta nueva Cumbre a realizarse en ciudad de Santa Cruz tenía un programa inicial que saliendo de planteamientos ambiguos incursionaba, finalmente, en puntos concretos de tal forma que sus decisiones puedan hacerse realidad y no quedar como ofertas abstractas y verdaderos castillos al aire.

Entre los puntos concretos a ser debatidos en la reunión estaban los referidos a la seguridad jurídica, garantías para financiar actividades productivas rurales y no rurales, garantías para obtener créditos, el asunto de los productos transgénicos, el problema de la función económica-social y otros cuya existencia hizo que la economía agraria del país se encuentre en una etapa de recesión, excepto algunos distritos de Santa Cruz, donde también subsisten dificultades que reclaman solución.

Sin duda, la realización de esta Cumbre originó gran interés en toda la población boliviana, pero lamentablemente la reunión empezó a ser objeto de la presencia de escollos presentados por diversos organismos que anunciaron su asistencia al acto. Por un lado fueron algunos organismos indígena-campesinos que hicieron críticas al sector empresarial, mientras éste también hizo conocer sugerencias que crearon malestar, al extremo que la reunión debió ser postergada, sin que se sepa al presente cuándo se realizará.

Entre tanto, algunos sectores relacionados con el campo, como los productores agropecuarios de Santa Cruz, insisten en que la Cumbre a realizarse posiblemente en marzo, resuelva cuatro puntos, como la seguridad jurídica en la propiedad de la tierra; la función económico-social; la biotecnología y la exportación de productos “sin ninguna restricción”, mientras los gremios de pequeños propietarios de tierras criticaron a los empresarios por proponer aspectos sólo favorables a los grandes dueños de tierras, para alejarse de los intereses colectivos.

Finalmente, un hecho lamentable que sacudió a la población rural del país fue la denuncia del Contralor General sobre el descubrimiento de un enorme acto de corrupción en el Fondo Indígena, donde se habría dispuesto de más de 70 millones de bolivianos para ser entregados a dirigentes del partido gobernante, para realizar proyectos en beneficio de la población campesina y que investigados los gastos se constató que gran cantidad de obras debidamente financiadas con millonarios presupuestos no habían sido ni siquiera empezadas o bien estaban a medio construir. En esa forma, la “Cumbre Sembrando Bolivia” quedó ante inminente riesgo de quedar en el olvido o realizarse con la alta responsabilidad de encarar el vidrioso asunto del Fondo Indígena.