Una firme y enérgica condena

Nuestra región mediante sus diplomáticos más representativos ha condenado, de manera firme y enérgica, la agresión con fines estrictamente expansionistas y de apropiación indebida de recursos naturales, renovables y no renovables. Fue una decisión que surgió refrendada por la justicia y equidad, como una luz que iluminó, hoy como ayer, la convivencia pacífica.

“Los Estados Americanos condenan la guerra de agresión: la victoria no da derechos”, proclama solemne e históricamente, en consecuencia, la Carta de la Organización de los Estados Americanos (Art. 5, inc. e), que surgió de la IX Conferencia Internacional Americana, cuyas sesiones se cumplieron en Bogotá-Colombia, en abril de 1948.

En este marco ha reiterado, conforme se advierte en la transcripción que nos precede, que la victoria, resultado de la agresión, entiéndase también como invasión, no concede derechos a ningún Estado, para que imponga sus designios políticos, ante quienes resultaren damnificados por estos despropósitos. He ahí una verdad que está vigente ahora más que nunca. Ahora que una demanda en La Haya provoca disonancias en el país vecino.

Por consiguiente, la agresión o invasión con propósitos de rapiña no tenía ni tiene cabida en la memoria histórica de las naciones de esta región. Por ello se hizo patente el acto condenatorio al avasallamiento, al latrocinio y a la impostura, promovida, como en el desdichado año de 1879, con una tendencia expoliadora, en connivencia con el poder económico inglés, que originó el diferendo boliviano – chileno.

Desgraciadamente, Chile considera que la invasión a Bolivia fue una victoria militar que le habría dado la facultad para apropiarse indebidamente de nuestro territorio y mar territorial, en el Pacífico, hace más de un siglo. Y cree que con el Tratado de 1904 fue remachado ese nefasto hecho. En este contexto su política exterior se funda en la intangibilidad de los tratados. Es decir que uno de los principios de su política internacional se inspira en el respeto irrestricto a los tratados. Por ello la casta dominante chilena, representada por Piñera, Bachelet y Muñoz, defiende a raja tabla el ominoso Tratado de 1904, que consolidó la toma definitiva del Litoral boliviano.

Es una actitud condenatoria a la guerra de agresión, en sentido de que ella no da derechos; se podría interpretar también como una alusión, directa o indirecta, a la invasión chilena del Siglo XIX, a territorio patrio, que provocó el centenario enclaustramiento. Es un conflicto bilateral aún no resuelto por la tozudez de una casta política xenofóbica y discriminadora. Similar gesto asumieron sus ascendientes, como Diego Portales, en particular, quien, hablando del Mariscal Andrés de Santa Cruz, decía en forma despectiva, que era “el cholo” (Phillip T. Parkerson: “Andrés de Santa Cruz y la Confederación Perú - Boliviana 1835-1839”, 1984, pág. 176).

En suma: Bolivia, con la actitud que evocamos brevemente, debe sentirse fortalecida en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.