Presión directa al electorado

La participación de altas autoridades del Estado en los procesos electorales, como ocurre en el que se realiza estos días, puede llevar a excesos por el mismo hecho de que la pasión y el sectarismo -condimentos inseparables de las luchas políticas- conducen a errores que los mandatarios deben evitar. En ese camino se escuchó afirmar al presidente Evo Morales que “no trabajará” con gobernadores ni alcaldes de la oposición, si acaso éstos resultaran elegidos, afirmación que por pasiva significa que sólo lo hará con los candidatos del MAS elegidos.

La advertencia tuvo lugar el día 28 de febrero en El Alto, acompañando a Edgar Patana que postula a la reelección de alcalde de esa ciudad y a Felipa Huanca aspirante a la gobernación del departamento. El presidente subrayó que si se “quiere más obras, ahí están” los nombrados candidatos y añadió “depende de ustedes”, dirigiéndose a la concurrencia.

Las últimas encuestas con datos poco favorables a dichos candidatos y a Guillermo Mendoza para alcalde de la ciudad de La Paz, parecen haber inducido a la señalada alternativa presidencial, provocando críticas de la opinión pública. En la ocasión se recordó que no es la primera vez de similares advertencias. En anteriores procesos también hizo insinuaciones parecidas, pero no tan rotundas y tajantes como la presentes, se comentó.

El juicio común es que se trata de una presión electoral. El ciudadano debe elegir en completa independencia y autonomía de su voluntad, sin condicionamientos ni coacciones, así éstas sean verbales. La participación personal del líder masista en actos proselitistas parece dedicada a compensar la poca representatividad de algunos candidatos bajo su auspicio, tanto más si contra los indicados candidatos a gobernador de La Paz y a alcalde de la ciudad más joven del país pesan recientes acusaciones de corrupción, habiendo dado lugar a un desmentido del presidente y líder en sentido de que “eso no es nada…”.

Existen disposiciones legales prohibitivas de intervención de autoridades y funcionarios, sin distingo de rangos, a favor o en contra de cualesquier candidatos. Se origina en que gobernantes y funcionarios se deben al conjunto de la sociedad y no a partido o parcialidad alguna, a fin de que mantengan legitimidad en su mandato. Por ello resulta insólito que el Tribunal Supremo Electoral autorice la participación del presidente, vicepresidente, ministros y otros en horarios no laborables, fines de semana y feriados.

De ahí que con ese salvoconducto los nombrados, unos por sectarismo, otros obligados, se den de lleno al proselitismo, tal como se los ve en distintas zonas y regiones. Se recuerda también que el primer mandatario aludió en otra oportunidad a que toda la administración pública debía unirse a la campaña oficialista, aunque a poco la amplitud de horario quedó limitada. De uno u otro modo se lesiona la imparcialidad, que es regla de oro de los gobiernos, pero así están las cosas.