Parra a la cárcel y arresto domiciliario para Aramayo

Tras una prolongada audiencia, la jueza Primera de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer, Cinthia Delgadillo, dispuso la detención preventiva de Julia Parra en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes y detención domiciliaria con horario de trabajo para Marco Antonio Aramayo, dos de los directivos que en su momento formaron parte del Directorio del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc).

La audiencia instalada a eso de las 09.00 duró más de seis horas, bajo la inusitada presencia de los diferentes medios de comunicación que se apostaron en el mencionado Juzgado a la espera de la resolución judicial que se dio pasadas las 16.00 cuando la juez Delgadillo culminó de dar lectura a sus conclusiones y decidió asumir la determinación de ordenar la detención preventiva contra la exdirectora ejecutiva del Fondioc, Julia Parra. En cambio su colega en el mismo directorio, Marco Antonio Aramayo, deberá guardar detención domiciliario en la ciudad de Santa Cruz. La autoridad judicial en su caso dispuso arraigo y el pago de fianza de 50 mil bolivianos, además, hacer conocer el horario de trabajo.

Ambos exejecutivos fueron imputados por los presuntos delitos de Contratos Lesivos al Estado, Conducta Antieconómica e Incumplimiento de Deberes.

Tras escuchar la resolución de la Juez Delgadillo, hubo desazón en los familiares de Parra, quienes consideraron que no se administró adecuadamente la justicia; mientras hubo alegría en los allegados a Aramayo que lo impulsó a levantar su brazo izquierdo como una muestra de satisfacción y haber convencido de no ser detenido. Antes de ser llevada a las celdas judiciales Parra sólo atinó a decir que la decisión judicial fue “totalmente injusto”.

En la audiencia también estuvieron presentes, además de la comisión de fiscales, los asesores legales de los ministerios de Desarrollo Rural y Transparencia, de la Contraloría y la actual interventora del Fondo Indígena, Lenny Valdivia. Todos ellos se sumaron al informe emitido por la Contraloría y pidieron la detención preventiva para los dos exdirectores.

Durante la audiencia, cuando los abogados de los dos imputados hicieron uso de la palabra, observaron las irregularidades en que incurrieron los representantes del Ministerio Público, respecto a cómo definieron la aprehensión de Parra y Aramayo.

El fiscal Julio César Guerrero dijo que la juez valoró todas las pruebas presentada por el Ministerio Público y dispuso la situación procesal de los implicados.

Alejandro Nogales, abogado de Parra, enfatizó que su clienta no tuvo acceso ni a un centavo del Fondo Indígena y tampoco ordenó los desembolsos de los recursos, porque por encima de ella estaba un directorio, compuesto por representantes de ocho organizaciones sociales. Agregó que la presidenta de ese directorio es la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo.

“Del mismo modo hemos establecido que el informe de la Contraloría no responde a la verdad histórica de los hechos”, manifestó.

El abogado de Aramayo, Héctor Castellón, aseveró que la Contraloría actuó de manera irresponsable al emitir su informe sin ninguna prueba contundente sobre el supuesto daño económico de 71 millones de bolivianos.

El Fiscal afirmó que la comisión encargada de la investigación del caso se reunirá en las próximas horas para valorar la posible convocatoria de otras personas involucradas en este caso.

Según Erbol, la Contraloría detectó, tras una primera fase de auditoría, un daño económico al Estado de Bs71 millones en 153 proyectos de desarrollo productivo y social en el área rural que nunca llegaron a ejecutarse y otros ni se concluyeron.

Por este caso el Ministerio Público inició una investigación, además trata el caso 26 de Julio, que consiste en un proyecto “fantasma” de un criadero de cerdos en el Beni, para el que se desembolsó Bs 600 mil y no se hizo nada, más que dos galpones de Bs 100 mil, presumiblemente.

El diputado por Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe, formalizó ayer la denuncia contra la ministra Nemecia Achacollo por considerar que tiene responsabilidad en los posibles desvío de fondos de la organización indígena que debían ser destinados a obras productoras de las organizaciones sociales de todo el país.