La población en general del país, escaldada por la notable corrupción que existe en el Órgano Judicial (antes Poder Judicial), ha empezado a dar muestras de impulsar a la mayor velocidad y profundidad posibles la reforma de la Justicia en Bolivia, medida que ha adquirido el nivel de una necesidad impostergable, candente y de urgente solución.
Tan notable iniciativa popular se suma a las propuestas de altos funcionarios del Estado, que han proclamado que la justicia boliviana “está en estado de coma”, que “está podrida”, que se ha convertido “en una cueva de ladrones” y definiciones similares registradas en todos los medios de comunicación del país.
Ante las denuncias de corrupción en la justicia, el Presidente del Estado ha demandado que se produzca una verdadera “revolución judicial” e inclusive ha sugerido que se reforme la Carta constitucional vigente de tal forma de eliminar las causas de la mala administración de justicia, como el caso de la elección de magistrados por vía electoral y se retorne al método de la meritocracia, sistemas que fueron puestos a prueba en todas las naciones del mundo y que la práctica se encargó de dar resultados negativos o positivos.
Tan necesaria sería esa reforma judicial, que inclusive el Presidente del Estado ha propuesto que se produzca un referéndum de urgencia, aunque al parecer el proyecto ha quedado en el olvido. Por otro lado, el Vicepresidente del Estado insistió en más de una oportunidad que se debería hacer una “limpieza total” en la burocracia de la administración de justicia y que una purga del personal de magistrados, jueces, fiscales, policías y agentes es impostergable, para así librar al país del “cáncer de la corrupción” que día que pasa estalla con nuevos casos de extrema gravedad como el del Fondo Indígena.
Al presente ya algunos ciudadanos han hecho propuestas para realizar la reforma o revolución judicial. Uno de ellos, el Dr. Ramiro H. Loza, ha propuesto la formación del Consejo de la Magistratura con atribuciones especiales y una ex magistrada manifestó que la reforma de la justicia deberá ser integral, en especial basándose en la prevención del delito, sin descuidar el endurecimiento de las penas, remedios que de aplicarse, sería de esperar que no resulten peor que la enfermedad.
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