El Presidente y sus candidatos

El cuatro veces ex Presidente de la ex República de Bolivia, y considerado el más grande estadista del pasado siglo, Víctor Paz Estenssoro, cuando asumió el poder en su último gobierno (1985-1989), en el mismo día de su posesión como Presidente renunció a la jefatura de su partido, el MNR, pues como él mismo dijo: “ahora soy Presidente de todos los bolivianos”. Es que en el ejercicio de su periodo de mandato, debe ser y es el Presidente de oficialistas y opositores, adherentes político partidistas y opositores, en caso contrario, sería Presidente de sólo una parte de la ciudadanía, que sería la que milita en su partido, que como todo partido, es sólo una parte del electorado y la población, de ahí su denominativo de partido o parte.

El Presidente del Estado Plurinacional, como ahora se denomina al Estado boliviano, tiene la obligación de gobernar para toda la población, cualesquiera sean la ideología, la preferencia partidaria o de cualquier tendencia que tuvieran los habitantes del territorio, ya que las medidas de gobierno, acertadas o equivocadas, benefician o afectan a todos, aunque a veces el excesivo partidismo suele buscar favorecer a algunos y afectar a los demás, lo que va en contra de los principios democráticos y de buen gobierno.

No es menos cierto que el Presidente, como cualquier ciudadano, tiene su preferencia partidista, y por su simpatía por los candidatos de su partido, incluso se supone que ha de votar por los candidatos de su preferencia, es decir de su partido. Pero que el primer mandatario (el primero que recibió un mandato) abiertamente haga actividad proselitista, asistiendo a marchas con los candidatos oficialistas o echando discursos contra los candidatos opositores o peor aún, amenazando no gobernar con los candidatos opositores que pudieran ganar alguna gobernación o alcaldía, resulta no sólo anti democrático, sino una postura anti ética.

Y es que todo acto electoral, por principio, debiera ser absolutamente imparcial, igual para todos los candidatos y en consecuencia alejado del poder político, ya que el poder del Estado, administrado por un partido, no puede volcar sus inmensos recursos de todo orden a favor de algunas candidaturas, porque en ese caso, el acto electoral carecería de los principios que hemos señalado. Para evitar el favoritismo del poder en los actos electorales, en los que los ciudadanos deben elegir a sus autoridades, están las normas legales que garantizan o deberían garantizar la igualdad de oportunidades a todos los candidatos y partidos, además están los órganos administrativos como las cortes electorales, que deben velar porque los principios de igualdad democrática se cumplan, de no hacerlo estarían atentando contra el derecho de los ciudadanos de libre elección.

En la realidad política de nuestro país en este tiempo del “cambio” (?), los actos electorales que con exagerada frecuencia se realizan, parece que fueran sólo una formalidad, pues está ya en la conciencia de la ciudadanía (así lo demuestran las encuestas de opinión) que tiene que ganar el oficialismo, aunque sus candidatos sean rechazados, lo que parece una grave contradicción, pero eso lo demuestran los resultados de las consultas a la ciudadanía.

En la democracia bien entendida y practicada, son los valores democráticos los que hacen de sostén al sistema, y estos valores no son otros que la libertad irrestricta, sólo limitada por las leyes; la justicia por igual para todos; el imperio de la ley para gobernantes y gobernados; la independencia de los poderes u órganos del Estado; la igualdad de oportunidades para todos y la libre elección de los gobernantes, mediante la consulta a los ciudadanos (otros principios democráticos son derivados de los anteriores). Cuando la democracia es únicamente un disfraz del autoritarismo, que busca la hegemonía del poder sobre todo y todos, entonces no hay democracia.