Revolución de la Administración de Justicia... ¿misión imposible?

El presidente Evo Morales Aima ha lanzado el desafío de llevar adelante un cambio revolucionario de la Administración de Justicia, para lo cual ha pedido el aporte de todos los sectores de la sociedad. A continuación y como un aporte estrictamente técnico jurídico, tengo a bien realizar propuestas, en varias notas, que se refieren a temas puntuales. Uno de ellos es el siguiente:

AUTÉNTICA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL

Mientras el Poder Judicial no sea verdaderamente independiente de los otros poderes del Estado, una auténtica revolución destinada a mejorar la Administración de Justicia será, sin duda, una “misión imposible”.

Ya en el Siglo XVIII, el Barón de Montesquiu, en su obra “El Espíritu de las Leyes” claramente deducía que la acumulación en “un solo órgano”, de las facultades de legislar, juzgar y administrar el Estado, nos aparta de la libertad y la democracia y nos conduce hacia un Estado autocrático.

Nuestra Constitución consagra y garantiza dicha independencia en su Art. 178, aunque la misma resulta ser lírica y meramente enunciativa, porque la realidad es otra y nos demuestra que a todo administrador de justicia, cuando se encuentra ante una controversia, de cualquier órgano del Estado frente a terceros (ocasionales opositores o acusados particulares), en el momento de emitir su decisión judicial “le tiembla la mano” y tiende a inclinarse a favor del gobernante, a fin de evitarse futuras represalias y presiones de tipo personal.

En los niveles superiores de la administración de justicia, los magistrados del Tribunal Constitucional, del Concejo de la Judicatura y del Tribunal Supremo de Justicia responden al actual régimen, tras haber sido propuestos hacia la población votante por la mayoría parlamentaria oficialista, aunque luego arrasó el voto nulo. Pese a ello, el Gobierno se empeñó en posesionarlos y el resultado fue catastrófico. Hoy el servicio de la administración de justicia en Bolivia es “una lacra” que avergüenza.

Los operadores de justicia accionan el anquilosado sistema de la administración de justicia, en otras palabras “trabajan”, sólo en función de presiones del actual régimen y más veces, por prebendas materiales, mientras que los ciudadanos de a pie se ven privados de un efectivo y real acceso al servicio de la justicia y, por el contrario, son víctimas de un corrupto sistema judicial.

Sólo existirá un auténtico Estado de Derecho con absoluto apego al “debido proceso” si el Órgano Judicial logra su total independencia de los otros poderes del Estado, en donde el ciudadano se sienta completamente seguro y sin ningún temor de someterse a las leyes y al poder coercitivo del Estado, a sabiendas de que los órganos de la administración de justicia van a actuar de forma independiente, libre y soberana, apegados única y exclusivamente a la Ley y a la justicia.

Si ello no ocurre, el desafío de revolucionar la administración de justicia, como es el deseo del Presidente del Estado, sin duda será una “misión imposible”.

El autor es abogado y periodista.