México.- El líder del cártel de los Zetas, Óscar Omar Treviño, capturado por fuerzas federales mexicanas, tiene un “perfil extremadamente violento” que generó divisiones al interior del propio grupo criminal, aseguró el Gobierno mexicano.
Debido a ese perfil “no logró el reconocimiento que tenía su hermano en la organización”, dijo el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, en referencia a Miguel Ángel Treviño, detenido en julio de 2013 y de quien Óscar Omar heredó el liderazgo del cártel.
Por ello, Óscar Omar Treviño, alias “el Z-42”, enfrentó la oposición de operadores locales de los Zetas que querían independizarse, “lo que provocó mayores enfrentamientos al interior del grupo criminal”, dijo en un mensaje a la prensa en el hangar de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) en el aeropuerto capitalino, informó Efe.
“El Z-42”, escoltado por militares, fue presentado a la prensa al llegar a la capital en un avión de la Fuerza Aérea procedente del nororiental estado de Nuevo León, donde fue detenido el miércoles cuando se disponía a ingresar a un domicilio en el municipio de San Pedro Garza García.
En una operación simultánea fue capturado su operador financiero, Carlos Arturo Jiménez, cuyos movimientos en Monterrey, la capital de Nuevo León, llevaron a las autoridades a detectar al capo en febrero pasado.
En ambos operativos fueron detenidos cuatro miembros de la organización, responsable de las peores masacres de los últimos años en México, entre ellas la de 72 indocumentados en el municipio de San Fernando (Tamaulipas) en agosto de 2010 y el incendio en el Casino Royale de Monterrey, que dejó 52 muertos en 2011.
Óscar Omar Treviño fue trasladado junto con sus cómplices a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) para rendir su declaración antes de ser presentado ante un juez.
El capo está vinculado a once causas penales por delitos contra la salud, secuestro, robo de hidrocarburos y lavado de dinero, entre otros.
Las autoridades mexicanas ofrecían una recompensa de 30 millones de pesos (unos dos millones de dólares) por información que llevara a su captura, mientras que el Gobierno de Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares.
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