El Informe de la Contraloría General del Estado (CGE) de Auditoría Especial, da cuenta que entre los años 2006 a 2009, durante las gestiones de los rectores Roberto Aguilar, Jorge Ocampo y Teresa Rescala, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) sufrió un daño económico de 13.2 millones de bolivianos por salarios pagados a 352 docentes y administrativos en montos por encima de lo permitido por ley.
Según el documento, las autoridades, académicas y administrativas de la UMSA “no habrían realizado los controles internos para evitar la vulneración” de esas normas legales pese a observaciones del Ministerio de Economía, mediante nota 1396/09 de 16 de junio de 2009 y que esas autoridades universitarias “continuaron vulnerando leyes vigentes”.
Al respecto, el rector de la UMSA, Waldo Albarracín, manifestó que el Consejo Universitario de la Universidad Mayor de San Andrés fue el responsable por el pago de bonos a favor de 180 docentes universitarios, por encima del límite legal establecido.
