Según informe de Contraloría
Entre los años 2006 a 2009, durante las gestiones de los rectores, Roberto Aguilar, Jorge Ocampo y Teresa Rescala, la UMSA sufrió un daño económico de 13.2 millones de bolivianos por salarios pagados a 352 docentes y administrativos en montos por encima de lo permitido por ley, de acuerdo con una auditoría realizada por la Contraloría General del Estado.
El "Informe CGE de Auditoría Especial GL/EP14/A10 R1 2006-2009" de fecha 2 de mayo de 2012, y a cuya copia se tuvo acceso, señala que en ese período 352 funcionarios de la UMSA percibieron salarios superiores a lo establecido para el Presidente de la República según la Ley 3301 de 16 de diciembre de 2005, Decreto 28605 de 26 de enero de 2006 y leyes financiales de esas cuatro gestiones.
El documento indica que las autoridades, académicas y administrativas de la UMSA "no realizaron los controles internos para evitar la vulneración" de esas normas legales pese a observaciones del Ministerio de Economía, mediante nota 1396/09 de 16 de junio de 2009 y que esas autoridades universitarias "continuaron vulnerando leyes vigentes".
Además establece "responsabilidad civil solidaria" por daño económico al Estado, según la Ley 1178 Safco o de Control Gubernamental, a los directores administrativos DAF: María Díaz, Juan Villarroel y Eloína Callejas; los vicerrectores Jorge Córdova y David Castillo, y a los rectores Roberto Aguilar, Jorge Ocampo y Teresa Rescala.
El resultado de la auditoría, sobre la base de la revisión de normas legales vigentes, planillas y papeletas de salarios, comprobantes de contabilidad, autorización de débito en cuentas bancarias y resoluciones de Consejo Universitario, establece cargos para docentes por diversos montos y responsabilidad de autoridades por autorizar esos pagos sin verificar control interno institucional.
Los 367 anexos del informe mencionan casos de salarios en exceso, cobrados por 52 docentes titulares eméritos, jefes de carrera, decanos y autoridades, con montos de daño económico al Estado por más de 10.000 dólares en cada caso, y un daño total al Estado por 1.775.009 dólares o 13.2 millones de bolivianos.
Al respecto, EL DIARIO intentó comunicarse con el actual ministro de Educación Roberto Aguilar y la candidata a concejal por el MAS, Teresa Rescala, pero los intentos fueron vanos porque sus teléfonos celulares los tenían apagados.
RECOMENDACIÓN
Entre las recomendaciones de la Contraloría de cumplimiento obligatorio se conmina a las personas involucradas a devolver el dinero cuantificado en el plazo de diez días hábiles al día siguiente de haberse notificado con el dictamen. Caso contrario, la UMSA en el plazo de 20 días hábiles de haber recepcionado el documento y las notificaciones pertinentes deberá iniciar la acción fiscal, sobre la base de los informes de auditorías.
RECTOR UMSA
En referencia a la denuncia de pago de sobresueldos por un valor de 3.7 millones de bolivianos, el rector de la UMSA, Waldo Albarracín, dijo que el Consejo Universitario de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) fue el responsable por el pago de bonos a favor de 180 docentes universitarios, por encima del límite legal establecido.
De acuerdo al Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-038/2014 emitido por la Contraloría el 11 de diciembre de 2014 y socializado de manera interna por la Federación Universitaria de Docentes (Fedsidumsa) el 24 de febrero a través de la circular 001/2015, la exautoridad universitari y otros funcionarios administrativos y del área de finanzas como María Mónica Díaz Tarifa, Juan Villarroel Grillo, Juan David Castillo Quispe, Carlos Eugenio Calderón Limpias y Jorge Velasco Orellanos fueron hallados con indicios de responsabilidad civil por cometer supuestos delitos tipificados en la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales .
"En el dictamen se hallan indicios de responsabilidad en contra de la exrectora, la directora administrativa financiera y otros, pero técnicamente hay un error. Quién ha autorizado no es la rectora, sino el Consejo Universitario, y si bien ella (Rescala) lo dirige, de acuerdo al estatuto no vota, ni dirime", explicó.
MINISTRO DE ECONOMÍA
El ministerio de Economía, Luis Arce Catacora, calificó de positiva la acción de la Contraloría que notificó a 367 docentes, trabajadores administrativos, autoridades y exautoridades de la UMSA, por percibir salarios superiores a los 15 mil bolivianos entre las gestiones 2006 y el 2001.
“La autonomía no implica el libertinaje de uso de los recursos públicos, la autonomía significa un uso adecuado respetando las normativas vigentes de los recursos públicos y eso es lo que me imagino que está yendo a investigar la Contraloría”.
Según la Contraloría la Asamblea Legislativa tiene la facultad para controlar estos gastos universitarios, el informe menciona la notificación de exautoridades como el exrector y actual ministro de Educación, Roberto Aguilar, y la actual rectora Teresa Rescala.
Extraoficialmente se conoció que el actual ministro de Educación, Roberto Aguilar, evita ser notificado por las autoridades de la Contraloría.
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