Un recurso retórico

Los 503 millones de bolivianos asignados por el Fondo Indígena (Fondioc) a 803 proyectos en las gestiones 2010-2013 han quedado cortos, porque se estima que en realidad el daño a la sociedad boliviana alcanzaría a más de 500 millones de dólares. Hasta el momento la Fiscalía y la Justicia Ordinaria, encargadas de la investigación, escasamente avanzaron a detener a la última directora ejecutiva del organismo y a otro directivo se le dio detención domiciliaria en Santa Cruz.

Es de elemental lógica pensar que la toma de medidas debía incluir a los miembros de las estructuras decisionales y administrativas del ente, si se considera que por disposición legal la Asamblea es la máxima autoridad del Fondo, seguido de un Directorio presidido por la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo y finalmente un Director Ejecutivo. La última en ejercer este cargo, Elvira Parra, es la única procesada, junto a Marco Antonio Aramayo -éste en condición piadosa-, quienes serán en fin de cuentas los chivos expiatorios del estropicio.

No se sabe si han sido convocados a declarar los miembros integrantes de la Asamblea (formada por los dirigentes de las organizaciones sociales indígenas-campesinas), los personeros del Directorio y la ministra de Desarrollo Rural. Se supone que la auditoría de la Contraloría ha debido especificar, asimismo, a los responsables de la recepción de los recursos y a los encargados de la inversión o administración de cada uno de los proyectos, de modo que todos ellos deberían responder por lo que les toca.

La frase de “caiga quien caiga” ha perdido efectividad y no conmueve a nadie porque se recurre a ella cada vez que algún acto de corrupción de las esferas públicas sale a luz, pero sin resultados ni esclarecimientos. No pasa de ser un recurso retórico. Lo propio sucede con la remisión de casos a conocimiento del Ministerio Público, instancia que se supedita a las señales que pueda dar el Órgano Ejecutivo para el inicio de investigaciones, si esto no ocurre se puede considerar extinguido el caso. La ex ministra de Transparencia, Nardi Suxo, se quejaba constantemente por la inoperancia de los fiscales. Los opositores o legisladores que ejerciendo fiscalización recurren al Ministerio Público pierden tiempo por los mismos motivos. Pareciera que sólo buscan la atención de los medios informativos cuando se remiten a dicho organismo, supuestamente defensor de la sociedad.

El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, anticipó la continuidad del Fondioc, si bien dijo que será “rediseñado y reestructurado”, por tratarse de una conquista social. En efecto, la naturaleza política del organismo lo convierte en invulnerable a cualquier intento que pretenda su encarrilamiento hacia un manejo de bien público, en este caso de los sectores campesinos, puntal inconmovible del actual Gobierno.

Su futuro poco o nada cambiará, como tantos y tantos organismos que tengan que ver con el Estado, los cuales asistieron a muchas reorganizaciones para caer en lo mismo: mala administración, botín de guerra político y fuente de enriquecimiento de pocos. Ojalá nos equivoquemos y asistamos a una excepción, próxima a lo milagroso.