Una fábula judicial asfixió libertad de Carlos

El padre y la madre del periodista Carlos Quisbert se abrazaron al borde del llanto al escuchar en voz del presidente del Tribunal de Garantías, Ramiro López, la decisión de otorgar “libertad inmediata” a su hijo. El silencio solemne del Salón Rosado del Palacio de Justicia de La Paz se quebró con un cerrado aplauso de periodistas, amigos y activistas de derechos humanos.

La acción de libertad presentada por la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) y el matutino EL DIARIO, el pasado martes, culminó con la resolución que se comparó con una clase magistral de López a un fiscal y una jueza que entre la noche del domingo 8 y el mediodía del lunes 9, despacharon con expedita facilidad a Quisbert hasta el viejo penal de San Pedro.

El fiscal Rudy Terrazas y la jueza Lorena Camacho, esta última en ausencia, aprendieron que en materia de administración de justicia se impone la serenidad, la evaluación razonada de indicios y un examen cuidadoso de la presunción de inocencia, antes de resolver el encarcelamiento de una persona, en este caso el periodista Quisbert.

A las 18.00, exactamente, en un salón colmado y de gente con la respiración contenida, y 48 horas después que el periodista pisó la fría cárcel, López y el vocal de la Sala Penal Primera, Ricardo Chumacero, pronunciaron un fallo que acepta los argumentos de la ANP y EL DIARIO que denunciaron una detención y proceso indebido.

DESPACHO ÁGIL

Quisbert fue remitido a la cárcel en un proceso sumamente abreviado y desde la tarde del domingo y hasta el lunes por la tarde, atravesó un proceso que a veces toma meses o semanas, según los abogados defensores.

El periodista, asignado al área judicial, perseguía nuevas pistas para una investigación que intenta esclarecer la muerte del niño Alexander, un hecho registrado en un hogar administrado por la Gobernación de La Paz.

El director ejecutivo de la ANP, Juan León Cornejo, expresó complacido que nuevamente y por una presión social, se cumplen los principios constitucionales para todo ciudadano, y se reconoce el derecho de los periodistas a informar.

“El periodismo de investigación ha sido reconocido en el tribunal paceño. Los magistrados han otorgado toda vigencia a esta especialidad de la práctica periodística”, comentó el director de EL DIARIO, Antonio Carrasco.

Aunque la euforia tras dos días de marchas y protestas se confundía con elogios a los abogados defensores y al periodista procesado, al final de la audiencia, el rigor de la administración penitenciaria se impuso.

Quisbert volvió al penal de San Pedro en el mismo bus que transporta a internos procesados por la justicia. El gobernador de la cárcel debe imponer su firma en un documento de salida, este jueves; un fotógrafo tomará imágenes, de frente y de perfil izquierdo, y derecho, y sólo entonces podrá salir y volver a la redacción del periódico ubicada en medio del bullicioso centro de la ciudad.

ABUSO CONTRA RELOJ

El relato del abogado de Quisbert es una fábula contra reloj. Fue detenido a las 17.15 del domingo 9; notificado a las 19.45 y sometido a interrogatorio a las 20.15. “No pudo llamar a un defensor antes de prestar declaraciones”, relató el abogado César Rojas. Un abogado de confianza del periodista no habría alcanzado a recorrer 35 kilómetros, entre La Paz y Viacha, ni en un auto de rallies, para recibir la notificación e instalarse en la sala policial de toma de declaraciones.

Al día siguiente, en lunes 9, la jueza Camacho notificó al periodista de la audiencia cautelar a las 11.45 y a las 14.00, apresurada por otra audiencia, aceptó los argumentos del fiscal Terrazas, de obstrucción a la justicia en el caso Alexander y dictó la detención preventiva.

“La ley ha sido forzada. Querían ver preso a cualquier periodista que se aproximara a la detenida (Madeleine Pahe)”, denunció el asesor legal de la ANP, Eduardo Olivares.

El abogado de EL DIARIO, Javier Aramayo, puso en evidencia que el fiscal y la jueza del caso equivocaron el camino al señalar que Quisbert obstruyó a la justicia, en el caso de la muerte del niño, porque acudieron a un artículo de la Ley Anticorrupción que habla de enriquecimiento ilícito y otras faltas aplicables a funcionarios públicos.

En defensa de la jueza, una carta habló por ella. El fiscal Terrazas admitió que el caso del periodista Quisbert pertenece a un nuevo expediente y no al polémico caso que dormita en los tribunales desde hace 118 días. Otro error castigado con la libertad de Quisbert.