En Potosí
(ANF).- La representante departamental de la Defensoría del Pueblo en Potosí, Jackeline Alarcón del Río es presionada y hostigada por la fiscal de Tupiza Victoria Fuertes por acompañar a la concejal de Vitichi, Leonarda Quispe, en denunciar a varios concejales por acoso político.
"Alarcón del Río, de manera arbitraria e irregular fue incluida en un proceso penal por la fiscal Fuertes, a raíz de una denuncia por acoso político contra varios concejales presentada por la concejal de Vitichi, Leonarda Quispe, a quien la Defensoría acompañó y defendió de las acciones ejercidas por otras autoridades de esa población, que pretendían obligarla a renunciar de su cargo", manifestó la Defensoría en un comunicado.
Pidió a la Fiscalía General del Estado y a la Asamblea Legislativa Plurinacional que asuman las acciones que corresponden para garantizar las funciones de los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo, ante "acciones irregulares e ilegales" en la Fiscalía de ese distrito.
La institución advierte que las acusaciones incluyen elementos "falsos, contradictorios e incoherentes" lo que hace presumir que existe una intención premeditada de utilizar los instrumentos jurídicos para amedrentar a la representante, por las investigaciones de acoso laboral ejercidas por el anterior fiscal departamental de Potosí; Alarcón del Río también sugirió que las investigaciones alcancen a la fiscal Fuertes por presunto acoso laboral contra otros funcionarios.
"La investigación defensorial derivó luego en la renuncia del Fiscal Departamental y en su posterior suspensión", señala la Defensoría del Pueblo, entidad que le recuerda al Ministerio Público que el "la Defensora o el Defensor del Pueblo no será objeto de persecución, detención, acusación ni enjuiciamiento por los actos realizados en el ejercicio de sus atribuciones", de acuerdo al artículo 219 de la Constitución Política del Estado.
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