Gobernar con la oposición sería misión constructiva

El Presidente de la República, designado por el voto popular para administrar la nación sin diferencias de ninguna clase y con conciencia de país y vocación de servicio, extrañamente ha dado a entender que “no gobernará con la oposición” y porque “es de derecha”. Una posición que no concuasa con la función presidencial y que es, en todo sentido, inapropiada, como frase y como intención, para quien es cabeza de gobierno desde el año 2006, cuando juró gobernar con responsabilidad y conforme a los textos constitucionales.

En las últimas semanas, tal vez debido a la campaña electoral en que está empeñado el Primer Mandatario, la posición anunciada llegó seguramente a todos los candidatos de su partido y ello determinaría que los componentes del MAS piensen y sientan lo mismo: no tomar en cuenta las corrientes de derecha porque pertenecen a la oposición. “Yo sólo quiero decirles a nuestros abuelos y futuras generaciones. ¿Cómo yo puedo trabajar con la ciudad de El Alto, con la gente de la derecha?”, expresó para hacer más terminante su criterio y propósito.

La prevención parecería seria, aunque, es de suponer, que fue expresada sólo al calor electoralista; en otras palabras, fueron frases “de circunstancias” y no se puede tomar en cuenta porque no compete al Primer Mandatario lanzar semejantes amenazas aun sabiendo que, constitucionalmente, no puede cumplir porque “la derecha” es también ejercicio de política, es boliviana y se debe al país y el hecho que no se concuerde con ella es igual a que mucha parte de la colectividad nacional no concuerde con la izquierda y mucho menos con posiciones radicales de la izquierda.

Es de lamentar que el egocentrismo que domina al señor Morales lo haga descender a terreno que él mismo, con seguridad, rechaza tanto porque no corresponde al respeto que se debe al país como por ser impracticable, puesto que, en su momento, no trabajar con parte del pueblo que acepta a la derecha ni asignarle los recursos que corresponden es violentar derechos propietarios del Estado o sea de todos los bolivianos, sean de derecha, centro o izquierda, porque es el país o el Estado el que importa y no las posiciones circunstanciales, alegres y momentáneas que no importan.

Por otra parte, parece que el Presidente, con su posición negativa, no toma en cuenta la Ley Antidiscriminación que él mismo firmó y que pide se cumpla sólo en todo lo que conviene a su partido: discriminar a la oposición, a los partidos políticos o a cualquier grupo de la colectividad es discriminatorio, es atentar contra los derechos humanos.

Hay que convenir en que la amenaza presidencial no tiene razón de ser, es inaplicable, es inconstitucional y arbitraria porque el Estado es de todos los bolivianos y nadie, por poder que tenga, puede disponer de lo que pertenece a la nación, al país en su conjunto porque los recursos del Estado provienen de impuestos e ingresos por producción; en otras palabras, no es patrimonio particular de nadie y menos de un partido político.

Sin embargo, tomando por el lado que corresponde lo expresado por el Primer Mandatario, hay que expresar o, mejor, preguntar: ¿Y qué si se administra el país con intervención de derechas, centros e izquierdas? ¿O es que en las tres corrientes no hay personas honestas y responsables que cumplan a cabalidad un excelente servicio al país? ¿Es que todos ellos no podrían conciliar criterios, estudiar problemas nacionales, buscarles remedios y aplicarlos con prescindencia total de lo que “sienta o piense el partido” y sea todo conveniente para el país? ¿Desde cuándo, en Democracia, puede haber prescindencia de quienes son parte del conjunto nacional? ¿O es que es el color político-partidista el que define buenas intenciones, sanos propósitos, vocación de servicio y conciencia de país?

Si hubiese la posibilidad de que el partido del Presidente, encabezado por él, conjuntamente partidos de la oposición y corrientes contrarias a las políticas del MAS pudiesen conciliar criterios y propósitos, concordar en soluciones prácticas y factibles, poner en práctica todo lo mejor de cada grupo, ¿por qué no podría conseguirse un gobierno de verdadera conciliación nacional?

Nadie niega que los gobiernos llamados “de derecha” han cometido errores graves en la historia nacional, pero exactamente en la misma proporción y gravedad que los gobiernos de izquierda que propugnaban socialismos extremos, los que creían aún en el milagro comunista, los que consideraban que Lenin y Stalin eran líderes para toda la vida de la humanidad. ¿Cuántos fracasos y humillaciones ha sufrido el mundo con la presencia de dictadores y tiranos que han destruido ideologías, posiciones políticas y han arrojado por los suelos lo mejor que tuvo la civilización?

No sería, pues, edificante ni justo ni legal pensar que “la derecha no tiene derechos”, cuando tiene los mismos que las izquierdas. Gobernar con la oposición sería constructivo y, para ello, toda la oposición tendría que estar dispuesta, renunciando a posiciones egoístas y negativas para el país cuando se le niega concursos que podrían ser efectivos. Renunciamientos en pro del país tiene que haber en todos, sin reticencias ni egoísmos de ninguna clase.

Pensar en un gobierno de concertación nacional no debe ser una utopía porque así como la izquierda cree tener todos los derechos sobre los destinos del país, igual derecho tienen las “derechas” que también aman, honran y respetan a su patria.

Lamentablemente, creer en desprendimientos y actitudes de constructiva humildad, abandono de soberbias y petulancias, parece imposible en nuestro país; pero sí se puede creer en realizaciones posibles, porque ellas dependen de la buena voluntad y el coraje de políticos y no debe ser mera ilusión.