Un mar de corrupción

La sucesión de denuncias y descubrimientos de actos de corrupción en el curso de meses pasados ha superado los niveles registrados durante últimos años, aunque se puede anticipar que el ritmo y velocidad de ellos no ha terminado y, más bien, tiende a gravarse.

Si se compara, en relación con hace un año, la conducta corrupta actual de algunos sectores sociales, se encuentra a simple vista una agravación sostenida, tanto en forma cuantitativa como cualitativa, de actos delictivos contra los intereses públicos, vale decir que la corrupción se ha desatado hasta alcanzar niveles insospechados.

El hecho de que en tiempos recientes tres altos generales de la Policía, entre ellos uno que fue máximo Comandante de la institución encargada de guardar el orden, la honestidad y la propiedad públicas, hubiesen sido descubiertos en tráfico de drogas en complicidad con mafias y posiblemente carteles mexicanos y colombianos, ha causado vértigo en la opinión pública, tanto por la magnitud de los actos descubiertos como por los alcances de los mismos.

A esas actividades irregulares se suma el descubrimiento casi a diario de casos de tráfico de toneladas de drogas (cocaína, marihuana), como es el caso ocurrido con un vehículo que trasportaba a Chile nada menos que una tonelada del producto alucinógeno, oculta en medio de abonos orgánicos, caso similar a otros que fueron desbaratados y que en total suman cientos de toneladas, cuyo destino son mercados de consumo donde se envenenan miles de personas.

La corrupción también llegó a otras esferas del aparato estatal como YPFB o al Fondo Indígena, cuyos directivos al parecer se repartieron de forma discrecional millones de bolivianos para “proyectos de desarrollo”, muchos de los cuales, según la Contraloría General del Estado, no han sido realizados o están a medio concluir.

Este mar de corrupción trató de ser frenado con medidas legales, pero en vez de que se reduzcan han ido aumentando hasta convertirse en un escándalo monumental, por el que, en parte, se amenaza castigar “caiga quien caiga” y dar fin al delito en las esferas administrativas del Estado.

El problema de la corrupción es, además, tan enorme que altas autoridades han apuntado con los adjetivos más contundentes que la Justicia se encuentra en tal grado de corrupción que “está podrida” y en “estado comatoso”, al extremo que han sugerido sustituirla por otra, mediante una “revolución judicial” que empezará a gestarse en poco tiempo más para culminar en un referéndum, como sugirió el Presidente del Estado.