La justicia boliviana se ha caracterizado por ser corrupta, parcializada y ligada a intereses económicos y políticos. Nunca fue independiente, estuvo siempre sujeta al juego de intereses personales y coyunturales, de toda índole.
Hoy está totalmente politizada, y los tentáculos de la corrupción la están abrazando sin darle respiro. Muchos de quienes ofician de jueces, fiscales o magistrados no tienen pudor, ni ética ni moral. No han entendido que los conocimientos de la ciencia jurídica tienen la finalidad de hacer comprender la relevancia del Derecho en la vida social, la esencia jurídica. Los conceptos y términos técnicos facilitan la comprensión de las diferentes áreas especializadas del Derecho.
Las actuales autoridades judiciales en Bolivia ponen en duda el criterio básico que se debe tener sobre las concepciones ideológicas y políticas que existen, y que refleje, por lo menos, el contenido y finalidad del Derecho como conjunto de normas, preceptos jurídicos que regulan la conducta de los hombres en la sociedad, cuyo fin axiológico es buscar prontamente la justicia.
No es aceptable que quienes ofician de jueces, fiscales y juristas en general, en su gran mayoría no analicen, reflexionen y cuestionen la realidad social y den soluciones alternativas en cada momento histórico. Parecería que estaríamos en los albores de la humanidad, cuando reinaban la guerra, la violencia, la ley del más fuerte, o nos regíamos mediante revelaciones de brujos, cuando la venganza era una forma primitiva de regulación. Entonces el castigo del considerado culpable originaba el sistema de la venganza, por el daño ocasionado a una persona o su familia. Ahí está el atropello contra un periodista de EL DIARIO, lo que no fue sólo ofensa a un profesional sino que tuvo como principal objetivo intimidar a los periodistas.
Es evidente que la justicia boliviana fue desvirtuada por los gobiernos de turno que, según su antojo, con autoritarismo no sólo modificaron y aprobaron leyes, sino también violentaron los principios generales del Derecho, como son y deberían ser los principios de legalidad, igualdad, de ampliar lo favorable, dando preponderancia a los intereses comunes sobre los individuales, con orden, paz social, seguridad jurídica.
Ahora estamos lamentando tener autoridades judiciales corruptas, que prevalidas de haber sido elegidas por el pueblo, desvirtúan todo al calor de sus apetitos personales, desconociendo valores y principios, cometiendo cotidianamente delitos de extorsión, chantaje, y dictando sentencias judiciales según su parecer individual, interesado, direccionado, eludiendo disposiciones legales, incurriendo en prevaricato. Ojalá que el Fiscal General cumpla con sus atribuciones e instruya sanciones contra jueces y fiscales ineptos y arbitrarios y sus declaraciones no sólo sean anuncios mediáticos.
Nunca la justicia boliviana fue tan carente de valores y aptitudes para ejercitar con validez sus responsabilidades. Se ha profundizado la retardación de los procesos judiciales, con graves perjuicios morales, económicos y materiales para familias y personas, prevaleciendo intereses subalternos.
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