Posible exclusión de UD de las elecciones

Incidencias menores, ocurridas en el Departamento de Beni, han subido de magnitud, al extremo de que en estos días Unidad Demócrata (UD), principal fuerza política de oposición, se halla ante la posibilidad de perder su personalidad jurídica para intervenir en las elecciones regionales de todo el país, a efectuarse el domingo 29.

El Tribunal Departamental Electoral de Beni (TDEB), acogiendo una denuncia personal, emitió el 15 de marzo una Resolución por la que multó a UD con Bs 8.588, por difundir encuestas departamentales en medios de comunicación, transgrediendo disposiciones adoptadas al respecto por el TSE (Tribunal Supremo Electoral). La medida fue acatada por la UD, pagando el total de la multa.

En forma paralela, sancionó a Canal 27 Unitepec, al diario La Palabra del Beni y al semanario El Mamoré, con el pago de 50 salarios mínimos nacionales (en cada caso, equivalente a Bs 72.000).

Estas disposiciones fueron aprobadas por el TDEB dos días después que el TSE remitiera a dicho organismo la demanda de inhabilitación del candidato opositor a la Gobernación Ernesto Suárez, postulado por la UD. La autora, identificada como Vanesa Tirina Jiménez, pertenecería a la agrupación Nacionalidades Autónomas por el Cambio y el Empoderamiento Revolucionario (Nacer).

Pero a la denunciante no le quedaron suficientes aquellas sanciones. Planteó inhabilitar a Suárez como candidato a la Gobernación de Beni y, más todavía, que sea eliminada la personalidad jurídica de la UD.

EL TSE optó porque sea el TDEB el que se pronuncie sobre la inhabilitación de la candidatura de Suárez. En cuanto a la supresión de la personalidad jurídica de UD, el organismo regional declaró probada la denuncia, pero dejó la decisión final al TSE, para lo que tendría plazo de cinco días.

Sólo en un régimen policiaco se puede regular la publicación de encuestas. Los medios de comunicación de todo el mundo democrático no tienen por qué someterse a semejante exceso. El TSE debe dedicar todos sus esfuerzos y capacidades para organizar y realizar los procesos electorales a los que se convoque.

No tiene autoridad legal ni moral para excederse de ese marco e ingresar en áreas que tienen que ver con la información pública. A la vez, lo más trascendente, el derecho constitucional de los habitantes de un país, de tener acceso a la información del acontecer público, con mayor razón cuando se trata de procesos electorales.

Para la toma de decisiones de los electores, resultan también orientadoras las tendencias que reflejan las encuestas, pero sin que ello implique que los influyan, menos les impongan votar según los resultados de las encuestas.

Suponer lo contrario, por parte del TSE, es ofender la capacidad que tiene cada ciudadano de elegir de acuerdo con su voluntad y conciencia. Peor todavía, pretender desconocer que las personas mayores tienen el derecho de actuar a su libre albedrío.

Por último, si los electores son influidos por las encuestas, es también legítimo que así sea. Pues, muchos de ellos, no están pendientes del resultado que tienen las campañas proselitistas, por más ostentosas que sean. Les puede servir como una orientación ilustrativa sobre las perspectivas que tienen los candidatos de su preferencia y las del resto, pero no les imponen obligaciones.

Lo único que sería procedente que haga el TSE es disponer que las empresas encuestadoras se registren en este organismo, para demostrar que están habilitadas para ejercer esa labor. De esta forma, evitar que el elector vaya a ser engañado o tendenciosamente informado.

En cuanto a que los medios de comunicación tengan que ser sometidos a un registro de tal naturaleza, no es más que atentar y violar el derecho a la libertad de prensa e información. Es bastante que hayan cumplido con las normas legales respectivas, para habilitarse como tales.

Respecto a que una persona cualquiera demande la inhabilitación de un candidato, es una informalidad y no debería ser tomada en cuenta, bajo ningún concepto racional. Una demanda de tanta importancia tiene que ser formulada por una institución política, cívica u otra que tenga la personalidad jurídica suficiente. Sólo, en este caso, hay una responsabilidad jurídica de por medio.

Deplorablemente, las personas que actúan en asuntos públicos, si bien tienen los derechos legales como tales, no son representativas para formular demandas que afectan directamente a la formación de los poderes constitutivos del Estado.

En la situación actual, pretender inhabilitar por sí y ante sí la candidatura de un aspirante a la Gobernación de Beni es un exceso, que incluso suscita sospechas de estarse prestando a una manipulación política.

Si un elector, individualmente, disiente con un candidato, por cualquier motivo, tiene la libertad de votar por el que sea de su preferencia, pero de manera alguna ignorar o desconocer el apoyo ciudadano que pueda tener.

La cuestión, empero, llega a límites intolerables cuando esa misma persona -desconocida públicamente en el país- tiene el atrevimiento de pedir también la supresión de la personalidad jurídica de toda una organización política nacional, de Unidad Demócrata (UD), con la argucia de que fue la responsable de la publicación de las encuestas, pese a que ha sido ya multada y obligada a pagar, y se impusieron sanciones improcedentes a los medios.

En buenas cuenta, este es un exceso demencial, presumir que puede incluso alterar la institucionalidad jurídica del país. Antes que todo, debería saber que una organización política está constituida bajo el orden jurídico nacional e integrada por personas que merecen el respeto más elemental, como es su dignidad.

Como podrá advertirse, el origen de todo ello es la publicación de las encuestas, sin “autorización” previa del TSE. En ellas, así como en las que se publica en un diario de La Paz, desde hace dos semanas, Suárez aparece como el que reuniría las mayores posibilidades de triunfo electoral.

Habrá que recordar también que el presidente Morales, en declaraciones al periodismo nacional, admitió que el MAS tenía las mayores probabilidades de perder en las elecciones benianas.

De esta forma, apelando a recursos desesperados, el oficialismo está demostrando que no se halla dispuesto a perder los comicios que se avecinan, por lo menos parcialmente. Aquella decisión fue puesta en manos del TSE (Tribunal Supremo Electoral), por el Tribunal Electoral de Beni.